La izquierda pacta para garantizar el aborto en los centros públicos

Los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC-IU-ICV han acordado que la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo restrinja el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción de un embarazo, como son el cirujano y el enfermero.

La objeción deberá hacerse por escrito y de manera individual para evitar las "objeciones colectivas" de todo un hospital y para garantizar la práctica de abortos en los centros públicos. Según explicaron, ambos grupos también han acordado que los conceptivos de última generación estén financiados en su totalidad o en parte por la sanidad pública.

Además la norma garantizará que se imparta educación sexual en todos los niveles educativos de los colegios y que los alumnos de la disciplina de Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería) estudien cómo se realiza un aborto. Así lo han explicado en rueda de prensa los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Joan Tard (ERC).

Otros de los acuerdos entre estas formaciones es eliminar uno de los dos informes que se debía realizar para poder abortar entre la semana 14 y la 22, de modo que será suficiente con el informe de un especialista.

Los anticonceptivos modernos serán financiados

Los anticonceptivos de última generación pasarán a ser financiados e incluidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tras el acuerdo alcanzado. Se debe tener en cuenta que en estos momentos no tienen ninguna participación pública y no están contemplados en la cartera del SNS.

Además, se ha llegado al acuerdo de que estos anticonceptivos figurarán en la cartera del SNS con el nivel que se considere de cofinanciación, o el 40 por ciento o su totalidad. Así, el gasto para el SNS de la financiación de dichos anticonceptivos será alrededor de 100 millones de euros anuales.