La vulnerabilidad del Gobierno libanés pone en peligro de explotación sexual a mujeres y niñas, según HRW

La falta de coordinación del Gobierno de Líbano a la hora de luchar contra la explotación sexual y el tráfico de personas pone en peligro a mujeres y niñas, según ha denunciado la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha instado a las autoridades a implementar de forma efectiva la ley contra el tráfico de personas para facilitar la denuncia de dicho delito, aumentar la persecución policial y ofrecer un mayor apoyo a las supervivientes.

La mayor parte de las mujeres en riesgo de ser víctimas de la trata de personas y la prostitución en Líbano son sirias, según ha indicado la ONG. Durante los últimos años, la Policía ha liberado, tras varias redadas, a decenas de mujeres sirias que se encontraban secuestradas y eran explotadas sexualmente, según fuentes oficiales. En marzo, las fuerzas de seguridad encontraron a 75 mujeres en los burdeles Chez Maurice y Silver B. Las autoridades detuvieron a unas 12 personas implicadas en el caso.

"El tráfico y la explotación sexual supone un grave delito y las autoridades deben mostrar una respuesta firme frente a este tipo de casos", ha indicado Skye Wheeler, miembro de HRW especialista en los derechos de las mujeres. "Las supervivientes necesitan que se haga justicia y que se les garanticen apoyo y servicios mínimos", ha añadido.

El Gobierno estadounidense ascendió a Líbano del puesto número 3 al número dos en su informe anual sobre el tráfico de personas en el mundo, el cual recoge el "gran esfuerzo" llevado a cabo por las autoridades libanesas para a acabar con la situación. En 2015, Líbano condenó a una treintena de personas por crimen organizado en relación con la trata de personas.

Sin embargo, el informe señalaba que "la ley se aplica de forma desigual y que la mayoría de los jueces no saben cómo enfrentarse a este delito de manera apropiada" y que algunos magistrados "han interpuesto sentencias poco estrictas contra los traficantes".

HRW ha denunciado además que muchas de las mujeres víctimas de tráfico de personas son trasladadas desde Siria, donde se les promete que obtendrán un trabajo al llegar a Líbano. En vez de eso, los traficantes les retiran la documentación y no les pagan, según la ONG.

Las fuerzas de seguridad de Líbano registraron en 2011 el burdel Chez Maurice, donde encontraron a una menor de 17 años. Sin embargo, el burdel cerró durante tres meses y posteriormente volvió a abrir. El dueño, Maurice Geagea, ha sido arrestado al menos tres veces durante cortos periodos de tiempo. Cuando se produjo la primera redada, Geagea se encontraba en prisión, según fuentes oficiales.

"El hecho de que el burdel fuera registrado en varias ocasiones pone en tela de juicio la efectividad de las autoridades en el asunto", ha aseverado Wheeler, que ha instado a las autoridades a "revisar cómo enfrentarse al tráfico de personas y a la explotación sexual de forma específica y a nivel nacional".

SIN APOYO NI SERVICIOS

La ONG ha manifestado su preocupación ante la falta de servicios y apoyos destinados a las supervivientes. En el caso de Chez Maurice, algunas de las mujeres liberadas han tenido que esperar dos o tres días en varias comisarías antes de ser trasladadas a refugios gestionados por organizaciones no gubernamentales.

Varios miembros de organizaciones humanitarias han denunciado que la ayuda no es facilitada de forma inmediata a las víctimas, lo cual sugiere una serie de problemas en la coordinación de las autoridades a la hora de dar apoyo a las supervivientes, que en muchas ocasiones son captadas de nuevo por burdeles y traficantes.

La legislación contra el tráfico de personas en 2011 implicaba que se incautaran los bienes de los traficantes y se otorgara una indemnización a las víctimas. El Ministerio de Asuntos Sociales no ha establecido aún el fondo, según ha explicado un miembro de HRW, que ha comunicado que el caso de Chez Maurice ha demostrado la debilidad del Estado a la hora de enfrentarse a la situación de la trata de personas en el país.

Según HRW, uno de los principales problemas para registrar los casos de explotación sexual reside en la criminalización de los mismos. Muchas víctimas han manifestado que las autoridades libanesas consideran a todas las mujeres involucradas en la prostitución como criminales, independientemente de si se han visto forzadas a prostituirse o no, lo que supone que muchas de las mujeres teman ser detenidas.

"Por el bien de las supervivientes, las autoridades deben garantizar que los casos de tráfico y explotación sean investigados de forma eficiente y justa ante los tribunales", ha afirmado Wheeler. "Las condenas no son suficientes. El Gobierno necesita trazar un plan para acabar con los problemas de coordinación dentro de las instituciones y las agencias de seguridad. Sólo así se podrá acabar con la injusticia", ha añadido.