Un tribunal militar de Venezuela acusa de traición y rebelión a un asesor de la MUD

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha denunciado la "manera inconstitucional" en la que fue detenido el 22 de junio el asesor de la MUD, agregando que tuvo lugar tras una reunión de dirigentes políticos.

Altos cargos de la MUD han indicado que la redada en la que fue detenido Picón y el también asesor de la MUD Arístides Moreno tuvo lugar sin orden de detención ni la presencia de fiscales del Ministerio Público.

Asimismo, Borges ha asegurado que Picón es coordinador de apoyo del equipo técnico de la MUD en temas electorales, negando que haya estado vinculado a actividades militares o ajenas al marco de la democracia.

Durante la jornada ha sido acusado también de instigación a la rebelión y secuestro el dirigente de Voluntad Popular en el estado de Aragua Tony Real, tal y como ha recogido el citado diario.

El presidente del país, Nicolás Maduro, acusó a finales de junio a altos cargos de la oposición --entre ellos Borges-- de planificar un golpe de Estado el 24 de junio.

Así, y tras afirmar que el supuesto plan golpista constaba de cuatro fases, indicó que entre los detenidos figuraba Picón, al que describió como una persona "muy íntima y cercana de (Henrique) Capriles", gobernador del estado de Miranda y uno de los líderes de la oposición.

Maduro manifestó que las autoridades "ocuparon" dos servidores "desde los que se estaba preparando un proceso de 'hackeo', intervención y sabotaje de todo el sistema informático que garantiza las máquinas de votación en el sistema electoral de Venezuela".

El presidente venezolano recalcó que los supuestos golpistas "tienen gente cómplice dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), a nivel nacional y en todas las regiones", manifestando que el que encabezaba esta fase del presunto golpe era el propio Picón.

LA CRISIS EN VENEZUELA

La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.

El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.

Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Tanto el Gobierno como la MUD se han acusado mutuamente de alentar la violencia.

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.

La Asamblea Constituyente estará formada por 500 "ciudadanos" que serán elegidos el próximo 30 de julio "a través del voto universal, directo y secreto", de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista, según ha detallado Maduro.