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19.000 personas esperan en el corredor de la muerte a ser ejecutadas en todo el mundo

corredor de la muerte, condenados a muertecuatro.com

Un número alarmante de países utilizaron en 2014 la pena de muerte para responder a amenazas o supuestas amenazas para la seguridad del Estado y la seguridad pública planteadas por el terrorismo, la delincuencia y la inestabilidad interna, según denuncia Amnistía Internacional en su examen anual de la pena capital en el mundo. Las sentencias de muerte han aumentado un 28% en 2014 respecto al 2013, aunque las ejecuciones se han reducido un 20%. China es el país que más ejecuciones lleva a cabo, seguida de Egipto y Nigeria. En total, en todo el mundo 19.000 personas esperan su ejecución.

"Los gobiernos que utilizan la pena de muerte para responder a la delincuencia se engañan a sí mismos. No hay pruebas que demuestren que la amenaza de la ejecución tiene un efecto disuasorio frente a la delincuencia superior al de otras penas", ha defendido el secretario general de AI, Salil Shetty.
"El año pasado quedó patente la sombría tendencia de los gobiernos a usar la pena de muerte en un inútil intento de responder a amenazas, reales o imaginarias, a la seguridad del Estado y la seguridad pública", ha añadido.
Para Shetty, "resulta vergonzoso que tantos Estados del mundo jueguen básicamente con la vida de la gente, ejecutando a personas por 'terrorismo' o para sofocar la inestabilidad interna sobre la premisa errónea de la disuasión".
Así, en 2014 la ONG ha documentado casi 500 condenas más a muerte que el año anterior, principalmente a causa de los fuertes repuntes en Egipto y Nigeria, países en los que llegó a haber condenas colectivas en un contexto de conflicto interno e inestabilidad política.
No obstante, en 2014 también hubo buenas noticias: se registraron menos ejecuciones que en el año anterior, y varios países adoptaron medidas positivas tendentes a la abolición de la pena de muerte.
En concreto, Amnistía ha podido documentar al menos 607 ejecuciones llevadas en todo el año, frente a las 778 de 2013, lo que supone una reducción de más del 20 por ciento. En 2014 se registraron ejecuciones en 22 países, el mismo número que el año anterior. Según destaca la ONG, esta cifra supone una reducción considerable respecto a la de hace 20 años, ya que en 1995 registró ejecuciones en 41 países.
Las cifras de ejecutados no incluyen a China, país que no hace público el número de ajusticiados, pero AI cree que allí se ejecuta y condena a muerte a miles de personas cada año y que, de hecho, en 2014 se ejecutó a más personas que en el resto del mundo en su conjunto.
"Las cifras hablan por sí solas: la pena de muerte está empezando a ser cosa del pasado. Los pocos países que siguen ejecutando deben mirarse seriamente en el espejo y preguntarse si desean seguir violando el derecho a la vida o unirse a la inmensa mayoría de los Estados que han abandonado este exponente máximo de pena cruel e inhumana", ha manifestado Shetty.
AMENAZAS CONTRA LA SEGURIDAD
Amnistía Internacional hace especial hincapié en la tendencia de algunos países, como China, Pakistán, Irán e Irak, donde se usa la pena de muerte para combatir las amenazas contra la seguridad del Estado y se ejecuta a personas acusadas de "terrorismo".
En caso de Pakistán, recuerda, tras el ataque contra una escuela de Peshawar, en el que murieron más de un centenar de niños, el país optó por reanudar las ejecuciones y en diciembre se procedió a ajusticiar a siete personas. El Gobierno paquistaní ha decidido recientemente no solo ejecutar a los condenados a muerte por terrorismo, sino a todos los condenados a la pena capital, por lo que las ejecuciones han continuado "a un ritmo elevado en 2015".
En China, las autoridades utilizaron la pena de muerte como herramienta punitiva en la campaña de "mano dura" contra los disturbios en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Aquí, se ha ejecutado a al menos a 21 personas durante el año en relación con diferentes atentados, y tres personas fueron condenadas a muerte en un acto público de imposición de condenas celebrado en un estadio ante miles de espectadores.
"En un año en el que las abominables ejecuciones sumarias a manos de grupos armados quedaron grabadas como nunca antes en la conciencia global, resulta demoledor que los propios gobiernos recurran a un aumento de las ejecuciones como acto reflejo para combatir el terrorismo y la delincuencia", ha lamentado el secretario general de la ONG.
Además, en países como Corea del Norte, Irán o Arabia Saudí, los gobiernos siguieron usando la pena de muerte como herramienta para reprimir la disidencia política. Otros Estados recurrieron a las ejecuciones en intentos igualmente fallidos de responder a los elevados índices de delincuencia.
Este es el caso de Jordania, que puso fin en diciembre a ocho años de moratoria y ejecutó a once condenados por asesinato, mientras el Gobierno afirmaba que era una manera de poner fin al aumento de la delincuencia violenta. También en Indonesia, el Gobierno anunció sus planes de ejecutar principalmente a traficantes de droga para hacer frente a una "emergencia nacional" de seguridad pública, y en 2015 cumplió esa promesa.
AUMENTO DE LAS CONDENAS A MUERTE
La cruz al descenso de las ejecuciones ha sido el "espectacular incremento" en el número de condenas a muerte dictadas en 2014. Así, ha habido al menos 2.466 personas condenadas a muerte, frente a las 1.925 que hubo en 2013, un aumento de más una cuarta parte. Nigeria y Egipto han sido en buena medida responsables del aumento.
En Nigeria se registraron 659 condenas a muerte en 2014, un incremento de más de 500 respecto a las 141 de 2013. Los tribunales militares impusieron durante el año, en juicios diferentes, condenas a muerte colectivas contra unos 70 soldados que habían sido declarados culpables de amotinamiento en el contexto del conflicto con Boko Haram.
En Egipto, los tribunales impusieron al menos 509 condenas a muerte durante 2014, 400 más que las registradas durante el año anterior. Entre ellas se encontraban las condenas colectivas dictadas contra 37 personas en abril y contra 183 personas en junio, tras juicios injustos también colectivos.