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Hasta 1.400 narcotraficantes han muerto en Filipinas a manos de justicieros desde que Duterte llegó al poder

Hasta 1.400 individuos relacionados con el tráfico de drogas han muerto en acciones de justicieros en Filipinas desde el 1 de julio, un día después de que asumiera la presidencia del país Rodrigo Duterte, quien defiende la legitimidad de que los ciudadanos de a pie asesinen a los traficantes.
Un portavoz de la Policía Nacional, Dionardo Carlos, ha explicado en declaraciones recogidas por el periódico filipino 'Malaya Business Insight' que en hasta 1.805 personas han sido atacados por justicieros entre el 1 de julio y el 31 de agosto, pero solo 1.391 han fallecido. Duterte asumió la presidencia el 30 de junio.
Otros 1.011 sospechosos de relación con el tráfico de droga han muerto en ese mismo periodo en acciones de la Policía y otros 14.798 han sido detenidos en más de 15.600 operaciones antidroga.
Además, la Policía ha presentado cargos contra 281 sospechosos por drogas y mantiene detenidos a otros 176 por el momento sin cargos. Otros 105 sospechosos están en busca y captura.
CRUZADA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
La lucha de las fuerzas de seguridad filipinas contra el narcotráfico en el país se incrementó desde el día de las elecciones ya que, según el portavoz de la Policía, Wilben Mayor, "esta es la prioridad del presidente".
Sin embargo, Duterte también llamó a los ciudadanos a sumarse a esta lucha contra la delincuencia: en la ciudad de Cebú --ubicada en las Bisayas centrales--, el presidente, antes de acceder formalmente al cargo, ofreció 5,5 millones de pesos --unos 100.000 euros-- por cada narcotraficante muerto.
Esta oferta era al menos 100 veces superior a la ofrecida por el propio alcalde de Cebú, Tomás Osmeña, que anunció la entrega de 50.000 pesos --algo menos de 1.000 euros-- por cada traficante de narcóticos que fuera abatido en la ciudad.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) ha expresado su preocupación ante el creciente número de delincuentes abatidos, por lo que ha establecido un grupo de trabajo para evaluar las ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, numerosas organizaciones en favor de los Derechos Humanos han criticado esta política del Gobierno de Duterte, acusándola de enfocarse en los pequeños narcotraficantes en lugar de desarrollar una estrategia para acabar con los máximos responsables del tráfico de drogas en el país.