El ministro de Justicia niega que se vincule a los que rechazan la reforma constitucional con el "terrorismo"

"No llamamos terroristas a los que defienden el 'no'", ha dicho, en una entrevista concedida a la cadena de televisión TRT, en la que ha defendido señalado que "hay organizaciones terroristas que hacen esfuerzos a favor del 'no'".

"Nuestros ciudadanos que se inclinan a votar en contra (de la reforma constitucional) deben saber quién está trabajando a tal fin", ha recalcado Bozdag, según ha informado el diario local 'Hurriyet'.

Las palabras del ministro de Justicia han llegado apenas dos días después de que el primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, reiterara que hay una vinculación entre aquellas personas que se oponen a la reforma constitucional y el "terrorismo", incluyendo al principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP).

"¿Quién dice 'no' a estos cambios (constitucionales)? El PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) y la FETO (la Organización Terrorista Fetulenista). Son terroristas, y por supuesto decimos 'sí' a lo que ellos dicen 'no'", dijo.

"¿Quién más hace campaña por el 'no'? El HDP (el prokurdo Partido Democrático de los Pueblos) y el CHP. Parece que el CHP se ha subido a la misma barca que el HDP, que saca su fuerza de una organización terrorista --en referencia al PKK--", agregó.

Por su parte, el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, se ha expresado en la misma línea que su primer ministro, afirmando que "el camino del 'sí' tiene como objetivo oponerse a los que rechazan la bandera".

Yildirim ya dijo el domingo que los defensores del 'no' eran el PKK y los leales al clérigo Fetulá Gulen, al que las autoridades acusan de estar detrás del intento de golpe de Estado de julio de 2016.

En respuesta, el vicepresidente del CHP, Ozgur Ozel, cargó contra Yildirim, argumentando que acusó a todos los que estaban en contra de la reforma de apoyar a los terroristas.

"El hecho de que el primer ministro enumere organizaciones terroristas y diga 'mira a los que apoyan el 'no'', pidiendo a la gente que diga 'sí', muestra su impotencia", agregó.

Yildirim se pronunció en línea con las declaraciones de Kurtulmus de la semana pasada, cuando argumentó que la aprobación en referéndum de la reforma constitucional supondría "apoyar la lucha contra el terrorismo".

"Si gana el 'sí', significa un 'sí' a mantener la lucha contra el terrorismo de forma más efectiva", apuntó, argumentando que "unificar el poder ejecutivo en un par de manos podría llevar a decisiones más rápidas y efectivas en la lucha antiterrorista, la economía y otras áreas".

Kurtulmus ya había dicho previamente que los atentados en el país llegarán a su fin en caso de que se apruebe en referéndum la reforma propuesta por el Gobierno.

Tras ello, Kemal Kiliçdaroglu, líder del CHP, cargó contra Kurtulmus, afirmando que, de ser cierto el lazo entre el referéndum y el terrorismo, "la fuente de terrorismo es el Gobierno".

"Es una confesión: 'Apoyamos el terrorismo'. Significa: 'Alimentamos el terrorismo, pasamos por alto las organizaciones terroristas y la gente es masacrada, pero si nos elegís y traéis un régimen presidencial, un régimen unipersonal, el terrorismo terminará", explicó.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL

El Parlamento aprobó un total de 18 enmiendas propuestas por el gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que contó con el apoyo del opositor Partido de Acción Nacionalista (MHP).

La reforma de la Constitución ideada por el AKP convertirá la Presidencia en un auténtico poder ejecutivo, algo que preocupa a la oposición por la deriva autoritaria de Erdogan.

El proyecto elimina el puesto de primer ministro, rebaja de 25 a 18 la edad mínima para presentarse al Parlamento, e incrementa el número de parlamentarios de 550 a 600, entre otros puntos.

El acuerdo entre el AKP y el MHP se basa en tres puntos. El primero, y más importante, es que Erdogan no podrá hacer uso de sus nuevos poderes ejecutivos hasta 2019.

Además, sus decretos deberán ser transformados en leyes por el Parlamento. Por último, el partido gobernante ha accedido a reducir el quórum para procesar al presidente ante el Consejo Supremo.