Los 28 se mantienen alejados sobre el reparto de la responsabilidad en la reforma de asilo

"Desgraciadamente, un año después de que la Comisión presentara su propuesta para mejorar el reglamento de Dublín, aún no hay un consenso entre los Estados miembros", ha indicado en una rueda de prensa tras la reunión de ministros el comisario de Interior e Inmigración, Dimitris Avramopoulos, quien ha expresado su disgusto por ello.

Avramopoulos ha insistido en la necesidad de contar con un nuevo sistema que revise las reglas de Dublín, que hacen que todo el peso de la acogida recaiga en el Estado miembro de entrada del demandante de asilo, y que ofrezca un marco "predecible" y que permita "compartir la responsabilidad" en lugar de dejar que caiga "sólo sobre unos pocos".

El comisario ha recordado que la situación actual "no es sostenible" en el tiempo y ha avisado de que no todo se solucionará tomando medidas en los países de origen de la inmigración, sino que son esenciales dotar a la UE de "herramientas eficaces" con las que reaccionar a tiempo ante futuras crisis. "No podemos seguir sin prepararnos", ha zanjado.

Los Veintiocho aspiraban a lograr un principio de acuerdo sobre las bases del nuevo reglamento para el próximo mes de junio, algo a lo que se aferran Bruselas y la presidencia de turno de la UE, que ejerce Malta precisamente hasta que concluya ese mes.

"La presidencia ha puesto todos los elementos para el consenso, tanto (en soluciones) para momentos de calma como de crisis, y espero que ahora los Estados miembros hallen el modo de avanzar", ha pedido Avramopoulos.

"Trabajamos en esa dirección", ha añadido en la misma comparecencia el ministro de Interior y Seguridad maltés y presidente de turno de la UE, Carmelo Abela, quien no se da por vencido en la tarea de acercar las posiciones en un mes, pese a reconocer que queda mucho camino por recorrer y que persisten diferencias en cuestiones clave.

La llamada "solidaridad efectiva" y el reparto de la responsabilidad en la acogida de los demandantes de asilo sigue siendo el principal escollo que divide al bloque, entre los países de primera línea, como Italia, Grecia y España, que reclaman compartir entre los Estados miembros la gestión del flujo en momentos de crisis, y aquellos en segunda línea que temen que los cambios alienten los movimientos secundarios.