La lentitud del proceso desinfla la esperanza depositada hace un año en el acuerdo de paz

Hace un año que Colombia entró en una nueva fase de su historia. Las FARC, la guerrilla más poderosa del país, y el Gobierno firmaron un acuerdo para acabar con el conflicto armado más antiguo del hemisferio occidental. Desde entonces, los otrora enemigos han trabajado codo con codo para que la paz fuera una realidad, pero en este primer aniversario es una meta aún lejana.

El 24 de noviembre de 2016 produjo una imagen para la posteridad. Juan Manuel Santos, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y Rodrigo Londoño Echeverri, 'Timochenko', el líder de las tropas insurgentes, estampaban sus firmas, con bolígrafos fabricados a partir de balas, en el acuerdo de paz, con la flor y nata de la sociedad colombiana y la comunidad internacional como testigos privilegiados de este momento histórico.

Los momentos históricos se han sucedido desde entonces. "Cada paso ha sido un hito gigantesco", afirma el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno colombiano, Rodrigo Rivera, en una entrevista a Europa Press. Con el arranque del nuevo año, los 8.000 guerrilleros de las FARC iniciaban una peregrinación, fusil al hombro, desde sus escondites en la selva hasta las zonas de concentración. En verano, entregaban esos mismos fusiles y todo su arsenal bélico. Ya con el otoño a la vista, nacían como partido político. La lucha armada de las FARC había acabado para siempre.

El relato del final de la guerra que ha desangrado Colombia durante los últimos 50 años --con un trágico balance de ocho millones de víctimas-- cabe en apenas un párrafo. Pero "ha sido un proceso extremadamente complejo", subraya Rivera. "Todos estos hechos han sido hitos notables (...) y cada uno de ellos ha venido generando un avance más, paso a paso", basado todo en la confianza ciega de las partes en el acuerdo de paz.

Este texto, negociado durante cuatro años en La Habana, está formado por casi 300 páginas cuidadosamente pensadas para contentar a Gobierno y FARC y garantizar su encaje en la Constitución colombiana y, sobre todo, en el Derecho Internacional, especialmente en el Estatuto de Roma --tratado fundacional del Tribunal Penal Internacional (TPI)--, un requisito con el que no contaron otros acuerdos de paz.

El Congreso le dio su visto bueno para que cobrara vida y a lo largo de este año ha trabajado casi de forma exclusiva para convertir en leyes las 558 medidas concretas que contiene, según el informe del Instituto Kroc, al que han acudido las partes para hacer seguimiento de la aplicación del acuerdo de paz. Conforme a esta valoración independiente, hasta la fecha solo se ha implementado por completo el 17 por ciento.

EL MÁS RÁPIDO DEL MUNDO

Rivera prefiere ver "el vaso medio lleno". El Alto Comisionado destaca que, si bien es cierto que solo se ha realizado el 17 por ciento de lo firmado, el 45 por ciento de las disposiciones se han puesto en marcha. "Esto permite decir que el nivel de implementación es el más rápido, si se compara con otros los acuerdos de paz que ha habido en el mundo en los últimos 30 años", sostiene, tomando como referencia el informe Kroc.

En el Congreso, "la dinámica de producción normativa ha sido realmente notable", indica Rivera. Se han expedido siete reformas constitucionales, cinco leyes, 36 decretos ley y 46 decretos ordinarios. Entre toda esta maraña destacan la ley de Amnistía y la de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional ideada por el Ejecutivo y la guerrilla.

Sin embargo, esta producción normativa ha encallado en los últimos meses porque "el Congreso está atrapado en un ciclo político-electoral", explica Rivera y, por si fuera poco, el 30 de noviembre expira el 'fast track' que permitía ahorrar trámites parlamentarios.

El Alto Comisionado asegura que el Gobierno hará uso del "mensaje de urgencia, un procedimiento parecido al 'fast track'" que obligará a diputados y senadores a sesionar juntos. "O sea, no habrá mucha diferencia", defiende, aunque se espera que los mismos debates que han frenado la implementación del acuerdo de paz se intensifiquen en 2018, año electoral.

LA ESENCIA DEL ACUERDO

Las FARC, en cambio, han denunciado "graves incumplimientos" por parte del Gobierno que afectan a temas que la propia Casa de Nariño --a través de su jefe negociador, Humberto de la Calle-- ha identificado como el "corazón" del acuerdo: la participación política y la justicia transicional; y a uno que la ONU considera fundamental para consolidar la paz en Colombia: la reincorporación de los ex combatientes

A pesar de que el Congreso ha aprobado la Ley de Amnistía, de la que se beneficiarán aquellos que únicamente sean culpables de delitos políticos y conexos, muchos ex guerrilleros, incluso los que han sido "acreditados" por el Gobierno, continúan detenidos, ha criticado el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault.

La ley de la JEP también está aprobada desde hace meses pero su reglamento, el instrumento jurídico que la hará funcionar, sigue paralizado en el Congreso. Estos días, la Corte Constitucional y el Senado han dado luz verde al sistema de justicia transicional, aunque con modificaciones que, según las FARC, amenazan el acuerdo de paz.

Destaca la condición de que los ex guerrilleros deban recibir el visto bueno de la JEP para hacer política. Para las FARC, pone en peligro su concurrencia a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año. Para Rivera, solo recoge "la condicionalidad interna" del acuerdo de paz que --recuerda-- no contempla el derecho a la participación política como "un derecho absoluto", sino "sujeto a que comparezcan ante la JEP y lo hagan con la actitud adecuada".

Además, los 8.000 ex integrantes de las FARC llevan meses en las zonas de concentración esperando volver a la vida civil. En estos espacios, tal y como recoge el acuerdo de paz, se deben llevar a cabo programas formativos para que los antiguos combatientes encuentren un medio de vida alejado de las armas. "Ahora hay 22 proyectos productivos en curso", según Arnault. Rivera cuenta, por ejemplo, que "más de 1.000" están siendo entrenados como escoltas.

Aún así, no es suficiente. La ONU ha alertado de que el 55 por ciento de los ex guerrilleros han abandonado las zonas de concentración, algunos porque "buscan la reincorporación por su cuenta", la mayoría por "la pérdida de confianza", por la "desilusión". Rivera reconoce que esto es un problema, ya que "la reincorporación productiva es esencial" para evitar "desertores del proceso de paz".

"CLAROSCUROS"

En este contexto agridulce, el propio 'Timochenko' se dirigía esta semana a Santos para concertar una reunión de urgencia con el fin de salvaguardar el acuerdo de paz. El jefe de las FARC también enviaba sendas cartas a la ONU y al TPI reclamando su intervención para lograr "el cumplimiento cabal de lo firmado". "Colombia se merece esta oportunidad", escribía.

El Alto Comisionado admite que hay "claroscuros", "temas que son cuellos de botella", y que "quedan muchas cosas por hacer". Al mismo tiempo subraya que "el horizonte mínimo de implementación total del acuerdo de paz es de diez años", por lo que, en su opinión, "el balance de este primer año es positivo".

Si en algo coinciden las partes es --en palabras de 'Timochenko'-- en que, a pesar de la incertidumbre, "la única fórmula realmente cierta para abrir la puerta a un futuro mejor para todos es la implementación de los acuerdos de La Habana". "La paz es irreversible", confía Rivera y promete encarar con "mejor ánimo" desde el Gobierno los desafíos venideros.