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Casi un 80 por ciento del electorado aprueba la polémica enmienda constitucional en Kirguistán

Un 79 por ciento del electorado de Kirguistán ha aprobado unas polémicas enmiendas constitucionales que introducen por un lado cambios en la estrucura del Gobierno favorables a la figura del primer ministro, pero que también incluyen restricciones a los derechos de la población LGBT, según los primeros resultados emitidos por la Comisión Electoral Central.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ha denunciado que estas enmiendas podrían alterar el equilibrio de poderes a favor del Ejecutivo y, concretamente, de la figura del primer ministro, cargo al que aspira el actual presidente del país, Almazbek Atambayev, en lo que sus críticos perciben como un intento de perpetuarse en el poder.
El referéndum propone la modificación de una treintena de artículos constitucionales y fue propuesto por varios partidos parlamentarios y recibió el apoyo del actual mandatario kirguís, pero provocó el rechazo de varios políticos locales de primera fila, entre ellos la expresidenta Rosa Otunbayeva, y derivó en la desintegración de la coalición parlamentaria a finales de octubre.
A grandes rasgos, los cambios permitirían ahora que el primer ministro -- un cargo al que aspira Atambayev -- fuera capaz de designar o cesar a los ministros del Gabinete, previa aprobación parlamentaria, una competencia nueva. Además, concede al presidente la capacidad de cambiar jueces en tribunales regionales y urbanos.
El jefe del Estado dejaría de ser el presidente del Consejo de Defensa, la institución que controla a las fuerzas de seguridad -- Ejército y Policía -- pero le adscribe la dirección del llamado Consejo de Seguridad, un ente cuyas competencias todavía no están concretadas.
RESTRICCIONES AL MATRIMONIO HOMOSEXUAL
El cambio tiene lugar en el párrafo 5 del artículo 36, como apunta Radio Francia Internacional. Actualmente, reza que "tendrán derecho a casarse y a formar una familia todas las personas que hayan alcanzado la edad legal".
La alteración reza: "Un hombre y una mujer de edad legal tendrán el derecho a casarse y a formar una familia", en una línea que excluye a la población LGBT de este derecho en un país cuyo gobierno ha iniciado campañas de deslegitimación contra lo que consideran "relaciones no tradicionales".