Más de 40 detenidos por las protestas en contra los peajes en Lima

Miles de personas se han concentrado en la carretera Panamericana Norte con la intención de marchar hacia los puestos de peaje de Puente Piedra para exigir la eliminación de estas tasas, según informan los medios de comunicación locales.

La Policía ha tratado de impedir que los manifestantes llegaran hasta dichos puesto y ha empleado para ello gases lacrimógenos y balas de goma. Los manifestantes, por su parte, han usado cócteles molotov, piedras y palos. Un agente ha resultado herido en un pie por un cóctel molotov, por lo que ha sido trasladado a un centro sanitario.

El conflicto surgió el pasado diciembre cuando la empresa peruana Rustas de Lima y el Gobierno capitalino anunciaron la subida del peaje de Puente Piedra, que conecta los barrios del extrarradio con el centro de la capital peruana.

El cambio entró en vigor con el nuevo año. Desde el 1 de enero, los coches tienen que pagar a la salida y a la entrada de este peaje, mientras que antes con comprar un solo billete podían salir y entrar en el mismo día.

La protestas han tomado esta deriva violenta porque la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de un escándalo de corrupción a escala continental, está detrás de la adjudicación del contrato público para gestionar este peaje.

Los manifestantes sospechan que Susana Villarán, alcaldesa de Lima en 2013, cuando se otorgó el contrato, se lo dio a Odebrecht --por una duración de 30 años y un valor de 500 millones de dólares-- a cambio de sobornos.

Rutas de Lima --creada por Odebrecht para este contrato-- se ha mostrado dispuesta a dialogar, si bien sostiene que estos peajes le permiten recuperar la inversión realizada en la red de carreteras de la ciudad.

El Gobierno de Lima ha suspendido temporalmente el cobro de los peajes y también ha indicado que está abierto a la negociación. El Ejecutivo peruano ha denunciado incluso la infiltración de "terroristas" en estas protestas.

CASO ODEBRECHT

Odebrecht y su filial petroquímico, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.

Este acuerdo se enmarca en las investigaciones estadounidenses por el caso 'Lava Jato', en el que las autoridades brasileñas indagan en una red de pago y cobro de sobornos a políticos de distinto signo para lograr contratos de la petrolera estatal, Petrobras.

Odebrecht ha reconocido el pagó más de 2.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos brasileños y otros 439 millones de dólares en otros países de la región. En el caso de Perú ha reconocido pagos por 29 millones de dólares.

La Fiscalía de Perú y Odebrecht han firmado un acuerdo preliminar que compromete a la empresa constructora a devolver inicialmente 8,9 millones de dólares de las ganancias ilícitas obtenidas en el país y brindar información "relevante" para identificar los funcionarios implicados.