Los abusos cometidos en RCA desde 2003 podrían suponer crímenes contra la Humanidad, según la ONU

Muchos de los asesinatos masivos y otras graves violaciones de los Derechos Humanos que se han documentado en los varios conflictos que ha vivido República Centroafricana (RCA) de 2003 a 2015 podrían equivaler a crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad, según un informe publicado este martes por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Misión de Naciones Unidas en el país (MINUSCA).

"Sabemos que algunas personas se están poniendo nerviosas por este informe", ha reconocido en un comunicado el secretario general adjunto para Derechos Humanos de la ONU, Andrew Gilmour, que se encuentra de visita en el país.

"Estamos hablando de aquellos que cometieron algún tipo de las más horribles violaciones, que ahora son conscientes de que sus acciones fueron observadas y cuidadosamente documentadas", ha añadido. Según Gilmour, a estas personas les pone nerviosas "que la justicia les atrape". "La justicia es una demanda abrumadora de los ciudadanos de RCA y el principal motivo de este informe", ha sostenido.

Los hechos analizados van desde el golpe de Estado que derrocó en marzo de 2003 al entonces presidente, Ange-Felix Patassé, y que fue protagonizado por François Bozizé, pasando por el derrocamiento de éste por la coalición rebelde Séléka, integrada principalmente por musulmanes, y la emergencia a continuación de milicias de autodefensa conocidas como 'antibalakas' e integradas mayoritariamente por cristianos.

El informe ha documentado las pautas de graves violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por las sucesivas fuerzas gubernamentales del país y los varios grupos armados, tanto locales como extranjeros, así como las fuerzas de defensa internacionales y extranjeras.

En concreto, se documentan 620 incidentes, incluidos horribles relatos de localidades reducidas a cenizas en ataques de represalia; múltiples relatos de violaciones en grupo de mujeres y niñas de tan solo 5 años; asesinatos extrajudiciales; y muertes tras torturas o malos tratos en centros de detención.

Igualmente, la ONU ha constatado violencia contra personas por motivos de su religión, etnia o el percibido apoyo a un determinado grupo armado, así como el reclutamiento de miles de menores por grupos armados y ataques contra actores humanitarios y los 'cascos azules'.

POBREZA Y TENSIONES ÉTNICAS

"La historia del país ha estado marcada por la pobreza fuertemente arraigada, las tensiones étnicas, la inestabilidad política persistente, la corrupción y el nepotismo que llevaron a una sucesión de conflictos armados", reza el informe, según el comunicado.

Tras su independencia, el país ha sufrido "una sucesión de regímenes autoritarios que cometieron, condonaron y fueron incapaces de evitar graves violaciones y abusos", ha añadido, reconociendo que la inestabilidad regional y los conflictos en los países vecinos también han tenido impacto en RCA, sobre todo por el flujo de armas y de grupos rebeldes a través de sus fronteras.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha resaltado que el informe "pone de manifiesto el asombroso sufrimiento de la población de este país rico en minerales que figura entre los más pobres del mundo".

El informe reconoce la desafiante situación de seguridad del país y recomienda que se adopten medidas para iniciar los procesos de justicia transicional. En este sentido, el representante de la ONU para el país y jefe de la MINUSCA, Parfait Onanga-Anyanga, ha advertido de que "mientras reine la impunidad, esta terrible trayectoria podría continuar".

"Al documentar las violaciones y abusos del pasado, esperamos galvanizar los esfuerzos nacionales e internacionales para proteger y hacer justicia a las víctimas de estos crímenes", ha explicado.

"El Gobierno y todos los actores domésticos, con la asistencia de la comunidad internacional, deben trabajar juntos para romper el ciclo de impunidad de una vez por todas", reclama el informe, que fija una serie de recomendaciones, entre ellas un enfoque secuencial e integral para la justicia transicional y que se tome en cuenta la perspectiva de género en la misma, así como la necesidad de "crear una comisión para la verdad y la reconciliación".