Al Wefaq critica la condena a Qassim y advierte de que el Gobierno "pone en riesgo el futuro de Bahréin"

En su comunicado, la formación ha afirmado que las autoridades "están eliminando todas las posibles oportunidades políticas al negar a la mayoría de los bahreiníes la seguridad, la estabilidad y la justicia".

"Aseguramos al mundo que hacemos frente a una guerra (...), necesitamos protección y defensa de nuestros derechos como humanos y ciudadanos, y todo el mundo debe adoptar una responsabilidad ética, humanitaria y legal a la hora de dar protección a los bahreiníes y a sus autoridades religiosas", ha argumentado.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la población a que rechace la condena contra Qassim "a través de todos los medios pacíficos", según ha informado el diario local 'Bahrain Mirror'.

Qassim ha sido condenado por la recaudación del Jums, un impuesto islámico obligatorio entre la comunidad chií del país, que denuncia constantes represiones por parte de las autoridades suníes.

En este sentido, Al Wefaq ha afirmado que la criminalización del Jums "es una criminalización de la totalidad de la secta jaafari --una escuela de jurisprudencia mayoritaria en el chiísmo--, así como un desafío a una doctrina profundamente arraigada desde los primeros días del Islam".

Las autoridades bahreiníes revocaron la nacionalidad a Qassim el 20 de junio de 2016, lo que provocó una sentada frente a su vivienda que aún se mantiene.

El país atraviesa un momento de gran tensión, en medio del aumento de la represión contra la oposición por parte de las autoridades.

Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.