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Las Unidades de Movilización Popular rechazan las denuncias de AI y niegan haber cometido crímenes de guerra

Las Unidades de Movilización Popular, una coalición de milicias principalmente chiíes, ha negado este jueves haber cometido crímenes de guerra, rechazando las denuncias de la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI).
El portavoz de la coalición, Ahmed al Asadi, ha tildado de "mentiras" estas acusaciones, reclamando al Gobierno iraquí que demande a la ONG, según ha informado el portal local de noticias Iraqi News.
"Todo aquello que circula en medios maliciosos sobre violaciones es mentira. La prioridad de las Unidad de Movilización Popular es proteger a los civiles", ha dicho.
Así, Al Asadi ha recalcado que la coalición de milicias "perseguirá a Estado Islámico hasta el último punto de Mosul", en referencia a su participación en la ofensiva contra el grupo yihadista en su principal bastión en Irak.
Horas antes, AI aseguró que estas milicias utilizan armas de arsenales militares iraquíes, suministradas por Estados Unidos, países europeos, Rusia e Irán, para cometer crímenes de guerra, ataques de venganza y otras atrocidades.
En su informe 'Irak: Mirar para otro lado. La provisión de armamento a las Unidades de Movilización Popular', Amnistía ha recogido los resultados de investigaciones sobre el terreno y detallados análisis periciales de datos fotográficos y de vídeo elaborados desde junio de 2014 que han permitido determinar que estas milicias se han beneficiado de transferencias de armas fabricadas en al menos 16 países y entre las que figuran tanques y artillería, así como una amplia variedad de armas ligeras.
Las milicias, que recientemente han sido integradas en las fuerzas de seguridad iraquíes, han utilizado estas armas para facilitar la desaparición forzada o secuestro de miles de hombres y niños, en su mayoría suníes, así como tortura y destrucción gratuita de bienes.
"Los proveedores internacionales de armas, como Estados Unidos, diversos países europeos, Rusia e Irán, deben darse cuenta de que con todas las transferencias de armas a Irak se corre un riesgo real de que acaben en manos de milicias con un largo historial de violaciones de Derechos Humanos", ha reclamado Patrick Wilcken, investigador de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
"Todo estado que venda armas a Irak tiene que demostrar que se aplican medidas estrictas para garantizar que no son utilizadas por las milicias paramilitares para violar derechos de forma flagrante. Si no lo hace no debe efectuarse ninguna transferencia", ha defendido.
Las Unidades de Movilización Popular, compuestas por entre 40 y 50 milicias, se establecieron a mediados de 2014 para ayudar a combatir a Estado Islámico.
Pese a que hasta finales de 2016 no quedaron integradas formalmente en las fuerzas armadas iraquíes, recibían apoyo del Gobierno desde mucho antes, según la citada ONG.