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La UE mantiene un año más las sanciones contra cuatro altos cargos por la crisis en Burundi

Los Veintiocho han aprobado este martes prorrogar un año más, hasta el 31 de octubre de 2017, las sanciones contra cuatro altos cargos políticos y de las fuerzas de seguridad de Burundi por la crisis política que atraviesa el país.
Los Veintiocho impusieron el 1 de octubre de 2015 sanciones --congelaron los activos y prohibieron la entrada-- al jefe de gabinete de la administración presidencial responsable de la Policía Nacional de Burundi, Gervais Ndirakobuca, al antiguo responsable de las misiones de la Presidencia y general en la reserva golpista, Léonard Ngendakumana, al agente de Inteligencia Mathias Niyonzima, y al director general adjunto de la Policía Nacional, Godefroid Bizimana, por "socavar la democracia y obstruir los esfuerzos para lograr una solución política" en Burundi.
También les responsabilizaron de "actos de violencia, represión o incitación a la violencia y actos que constituyen violaciones serias de los Derechos Humanos".
"El Consejo ha considerado que la ausencia de progreso en la situación en relación con las cuatro personas sujetas a medidas restrictivas justifica la prolongación de las sanciones", afirma en un comunicado la UE.
La UE, que también ha suspendido la ayuda financiera europea directa al Gobierno de Burundi por la crisis política y las violaciones de los Derechos Humanos, lleva pidiendo de forma repetida a todas las partes en el país que "se abstengan y condenen cualquier acto de violencia", algo "esencial para lograr y mantener las condiciones para que haya progreso en la búsqueda de una solución política a la crisis", que ha provocado la muerte de cientos de personas y miles más han huido a los países vecinos.
El país africano está envuelto en una crisis política desde que el presidente, Pierre Nkurunziza, decidió en abril de 2015 presentarse a un controvertido tercer mandato, algo que la oposición criticó como inconstitucional y provocó un intento de golpe de Estado fallido. La oposición aseguró que su reelección violaba los términos del acuerdo de paz que se firmó en 2005 tras doce años de guerra civil.