La UE inicia la puesta en marcha de la Fiscalía europea contra el fraude

Los ministros de Justicia de la Unión Europea han cumplido este jueves el último paso para iniciar la puesta en marcha de una Fiscalía europea contra el fraude que permita investigar, perseguir y encausar los delitos económicos que afectan a los intereses financieros del bloque, como el fraude del IVA o la malversación de fondos comunitarios.

"Hoy es un gran día, un hito histórico en la cooperación europea en materia de Justicia", ha declarado el ministro de Justicia de Estonia y presidente de turno de la UE, Urmas Reinsalu, a su llegada a la reunión en Luxemburgo en donde han confirmado la creación de este órgano.

"Perseguiremos más allá de las fronteras (nacionales) a aquellos que roben el dinero de los presupuestos europeos", ha insistido el ministro estonio, quien ha explicado que la Fiscalía europea tendrá poderes y competencias "fuertes y sólidos".

También la comisaria de Justicia, Vera Jourova, se ha mostrado satisfecha por el paso dado "tras cinco años de duro trabajo", porque es un "día histórico" tanto para la UE como para sus contribuyentes.

Con todo, se trata de un proyecto del que sólo serán parte de momento 20 de los 28 Estados miembros, entre los que sí está España, y que necesitará entre dos y tres años para echar a andar, por lo que no estará operativo hasta al menos 2020.

Para los países participantes es una "etapa histórica" que permitirá recuperar "sumas enormes" de dinero defraudado a las arcas de la Unión Europea, según celebran fuentes diplomáticas, a pesar de varios socios se resistan a participar.

En la actualidad sólo las autoridades nacionales tienen competencias para perseguir el fraude fiscal, aunque las corruptelas afecten a fondos comunitarios, y su jurisdicción acaba en sus fronteras.

El objetivo es que esta Fiscalía única pueda actuar con celeridad en casos transfronterizos sin tener que pasar por los trámites habituales de cooperación judicial, más tediosos por su burocracia.

Aunque no hay datos oficiales sobre el alcance del daño a los intereses de la UE, Bruselas estima en unos 50.000 millones de euros el dinero que se pierde cada año por el fraude al IVA, que también estará bajo la competencia del fiscal europeo.

Su mandato se limitará a cuestiones financieras, aunque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya ha pedido ampliar su campo de actuación a la lucha antiterrorista, algo que desde el Ejecutivo comunitario se vería con buenos ojos, pero que en Bruselas se como una posibilidad muy lejana.

"Veamos primero cómo funciona cuando se ponga en marcha. Iremos paso a paso", pedía un alto cargo comunitario al ser preguntado por la idea francesa, que no ha estado en la mesa de debate este lunes. La posibilidad de incluir el terrorismo será un debate "de meses o años, no inmediato", según admiten incluso fuentes diplomáticas galas.

ESTRUCTURA

Entre tanto, cuando sea operativa, la Fiscalía contará con dos niveles en su estructura. Primero habrá uno europeo cuya sede estará en Luxemburgo y que contará con un Fiscal general europeo y un fiscal más por cada Estado miembro integrado (20 por ahora), además del equipo técnico y de investigación necesario.

El segundo nivel estará descentralizado con fiscales delegados de la UE en cada Estado miembro, que aportarán el conocimiento específico sobre los servicios jurídicos nacionales, la lengua local y otras particularidades de cada país. Y estarán supervisados en las investigaciones y actuaciones judiciales incoadas por el Fiscal europeo.

Será un órgano "independiente" para el intercambio rápido de información entre países, investigaciones policiales coordinadas y la rápida congelación e incautación de activos, así como la detención de sospechosos; y trabajará con la agencia de cooperación judicial europea (Eurojust) y la Oficina europea Antifraude (OLAF).

La OLAF no cuenta actualmente con instrumentos para perseguir penalmente el fraude y sólo puede notificar a los Estados miembros informes sobre sus investigaciones. Recomendaciones que sólo en el 50% de los casos se traducen en condenas en los tribunales nacionales, según las cifras que maneja la Comisión Europea.

Junto a España participan en esta cooperación reforzada Austria, Italia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.