Trudeau defiende que Canadá aceptara indemnizar a Khadr en lugar de llevar el caso a los tribunales

En declaraciones ante el Parlamento, Trudeau ha reconocido que comprende "la preocupación de los canadienses" por la compensación --de 10,5 millones de dólares (más de siete millones de euros)-- a Khadr, quien confesó haber matado a un médico del Ejército estadounidense cuando tenía 15 años después de un interrogatorio que, posteriormente, fue calificado como "opresivo".

"De hecho, comparto esa preocupación por el dinero", ha asegurado. No obstante, ha explicado que si en lugar de aceptar esta medida hubieran seguido litigando con el caso, no sólo se habría conseguido una "inevitable" derrota, sino que serían obligados a pagar una indemnización estimada de entre 30 y 40 millones de dólares. "Por eso este ha sido el camino responsable", ha añadido.

El 'premier' canadiense ha afirmado que "la medida de una sociedad justa" no es "apoyar los derechos del pueblo cuando es fácil hacerlo, sino reconocerlos cuando es difícil e impopular".

Khadr fue herido y capturado por las fuerzas estadounidenses en Afganistán en 2002, durante un enfrentamiento que se cobró la vida del soldado estadounidense Christopher Speer. El Pentágono terminó acusando a Khadr de cinco delitos en virtud de una ley militar redactada años después de su captura.

En 2010, terminó confesando que había arrojado la granada que mató al soldado Speer como parte de un acuerdo con el Pentágono que le permitió regresar a Canadá para cumplir los ocho años que le quedaban de sentencia. Sin embargo, después afirmó que no tenía conocimiento del enfrentamiento en el que falleció el militar y que sólo confesó para escapar de Guantánamo.

Ese mismo año, el Tribunal Supremo de Canadá concluyó que las autoridades del país habían fracasado en su deber de proteger los derechos de Khadr en virtud de la Carta de Libertades y Derechos Humanos mientras estuvo detenido en la prisión cubana.

Con este fallo en la mano, los abogados del canadiense presentaron una denuncia contra el Gobierno federal, al que pidieron 20 millones de dólares en daños.