El Tribunal de Apelaciones estudia si restablecer la orden migratoria de Trump

No obstante, tras la audiencia celebrada este martes, el representante del Departamento de Justicia, el abogado August Flentje, ha asegurado que su percepción es que no ha conseguido convencer a los tres magistrados con su argumentación, basada en que los estados no pueden desafiar el decreto presidencial.

"Se trata de un tradicional juicio de seguridad nacional que le es asignado a la rama política", ha defendido Flentje, tal y como recoge el diario 'The New York Times'.

No obstante, esta postura ha generado cierto escepticismo por parte de los miembros del tribunal. "¿Está usted diciendo, entonces, que no existe posibilidad de revisar la decisión?", ha preguntado la jueza Michelle Friedland, nombrada por el anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Tras una pausa, Flentje aseguró que sí, si bien matizó después que "obviamente existen limitaciones constitucionales". Ante esta respuesta, la magistrada insistió en preguntar a qué limitaciones se refiere, a lo que el representante del Gobierno de Trump no pudo dar una respuesta.

Por su parte, el juez William Canby, designado por Jimmy Carter, insistió en los posibles límites al poder de Trump, preguntando a Flentje si el presidente podría "simplemente prohibir la entrada a ningún musulmán".

Mientras, el magistrado Richard Clifton, nombrado por el expresidente George W. Bush, le ha recordado que existen "evidencias" de la intención de Trump de discriminar con este veto.

Independiente de la decisión que tomen --que podría conocerse en los próximos días-- se prevé que el caso llegue al Tribunal Supremo, ya sea por parte del Gobierno, en caso de que decidan mantener el bloqueo al veto, o por parte del propio juez Robart, si la corte decide revocar su moratoria y reactivar la orden ejecutiva.

De llegar al Supremo se encontrará de nuevo con otro obstáculo: ante la falta del noveno juez del Tribunal Supremo --que aún no ha sido ratificado--, la decisión la tomará un tribunal formado por ocho jueces, cuatro demócratas y cuatro republicanos.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha reiterado que el presidente no tiene intención de retirar esta orden ni de reescribirla si el tribunal no le da la razón, insistiendo en que fue creada para "proteger al pueblo estadounidense".

"Y el presidente está comprometido a garantizar que el país y su pueblo están seguros", ha defendido, señalando que la Constitución está "del lado del presidente" que, en virtud de este acuerdo, "puede decidir a discreción qué es lo mejor para los intereses nacionales".

"Una vez que ganemos el caso (la orden) volverá a estar en vigor", ha añadido.

El decreto aprobado por Trump suspende durante cuatro meses las concesiones del estatus de refugiado, impone una moratoria provisional --durante tres meses-- a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y paraliza el Programa de Admisión de Refugiados. Los países afectados son Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.