Santos ordena a su equipo quedarse en Colombia hasta lograr un acuerdo con los partidarios del 'no'

La delegación de paz del Gobierno tenía previsto viajar este jueves a La Habana para presentar a las FARC el borrador consensuado con los detractores del primer acuerdo, con quienes ayer mantuvo su última reunión en Bogotá.

Óscar Iván Zuluaga, uno de los representantes del 'no', adelantó que el borrador estaba prácticamente cerrado, a la espera de un breve encuentro este jueves, antes de que el equipo del Gobierno viajara a la capital cubana, para ultimarlo.

"Les dije esta mañana que prolongaran las negociaciones uno o dos días más", ha dicho Santos desde Londres, donde está de visita oficial. Así, el grupo liderado por Humberto de la Calle --jefe negociador-- se quedará en Bogotá hasta pactar un texto con las propuestas del 'no'.

Sin embargo, parte de los negociadores, encabezados por el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, partirán este jueves hacia La Habana, tal y como estaba previsto, "para avanzar con las FARC" al mismo tiempo, según informa la Casa de Nariño.

Santos ha dado instrucciones a ambos equipos para que entre el viernes por la noche y el sábado por la mañana (hora local), cuando ya estará de vuelta en Colombia, le hagan "un informe completo" sobre los avances conseguidos.

Por su parte, el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, ha hablado poco después para anunciar que "el jefe del equipo negociador y el Alto Comisionado se irán hoy (...) para sentarse a la discusión con las FARC en La Habana".

"No podemos demorar la renegociación. Hay urgencia y sentido de celeridad. Hay un cese el fuego bilateral que es frágil y por eso se debe ir de una vez a Cuba", ha esgrimido, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

El pasado 24 de agosto el Gobierno y las FARC alcanzaron un acuerdo de paz que los colombianos rechazaron por un estrecho margen en el plebiscito celebrado el 2 de octubre, lo que ha obligado a renegociar los textos de La Habana con inclusión de las propuestas del 'no'.

Los principales escollos son los puntos de justicia transicional y participación política, precisamente, los mismos que el Gobierno pretende aplicar automáticamente al eventual acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla colombiana.