Santos urge al Congreso a dar salida a la justicia transicional para que funcione "a la mayor brevedad"

La ley de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se aprobó en marzo, pero aún queda su reglamento, esencial para su puesta en marcha. El Senado dio luz verde la semana pasada a un polémico borrador que ahora ha pasado a la Cámara de Representantes, donde recibirá el visto bueno definitivo.

"Pido a la Cámara de Representantes que apruebe esto lo más pronto posible. Es muy importante que comience a funcionar a la mayor brevedad", ha dicho Santos, en una entrevista concedida a medios de comunicación vinculados a las Fuerzas Armadas, según ha informado la Presidencia en un comunicado.

El Gobierno ha acuciado al Congreso para que ventile cuanto antes el reglamento de la JEP y otras leyes clave para la implementación del acuerdo de paz, porque el 30 de noviembre expira el 'fast track', un procedimiento legislativo que ha permitido ahorrar trámites en ambas cámaras.

Sin embargo, el debate sobre el reglamento de la JEP se prevé arduo porque el Senado emitió un documento que modifica en ciertos aspectos el sistema de justicia transicional ideado por el Gobierno y las FARC en el acuerdo de paz y que constituye uno de los pilares del mismo.

Santos se ha referido a esta polémica y ha coincidido con las FARC en rechazar los condicionantes adicionales que el Senado ha impuesto a los magistrados de la JEP. Según la sede legislativa, no podrán serlo quienes hayan actuado como defensores de los Derechos Humanos contra el Estado colombiano.

"Simplemente, es inconstitucional", ha dicho el mandatario colombiano. "Lo que se aprobó no pasaría el filtro de la Corte Constitucional. Y, por eso, el ponente en la Cámara de Representantes modificó nuevamente ese texto para dejarlo como estaba", ha añadido.

Además, se ha referido a la modificación que ha hecho el Senado en relación a los llamados 'terceros', es decir, aquellas personas que sin ser parte combatiente participaron de alguna forma en el conflicto armado, por ejemplo, los empresarios. La cámara alta ha establecido que su comparecencia ante la JEP es optativa.

"Es una torpeza de los terceros y sus defensores que insistan en dejarlos fuera de la JEP", ha considerado Santos. "Si se descubre que cometieron algún delito de lesa humanidad, con solo contar la verdad se hace acreedor de los beneficios (de la JEP), y, si se va a la justicia ordinaria, podría enfrentar hasta 60 años de cárcel", ha explicado.

Sin embargo, ha recalcado que "esto no es trascendente en el grueso de los acuerdos de paz". "Aquí lo importante es que los integrantes de las FARC y sus máximos responsables sean juzgados y reciban una sanción y que los militares también reciban los mismos beneficios de manera diferenciada", ha apostillado.

El texto emanado del Senado incorpora las variaciones que la Corte Constitucional hizo a la JEP como parte del control que realiza para garantizar que las normas destinadas a implementar el acuerdo de paz se ajustan a la Carta Magna. Este fallo tampoco ha estado exento de polémica porque veta la participación política de los ex guerrilleros que no acaten la JEP.

El Gobierno se ha mostrado "satisfecho" con este fallo, pero el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', ha solicitado la intervención de la ONU para salvaguardar la "esencia" del acuerdo de paz y ha pedido una reunión urgente a Santos que se celebrará el próximo viernes.