Robredo insta a Duterte a respaldar la propuesta para investigar los 'escuadrones de la muerte' de Dávao

Robredo ha hecho esta petición al mandatario después de escuchar las declaraciones de un policía retirado, Arturo Lascañas, que ha acusado a Duterte de haber ordenado los asesinatos de presuntos narcotraficantes o consumidores de drogas y opositores políticos durante su período como alcalde en Dávao.

La vicepresidenta ha señalado que estas acusaciones son "razón de gran alarma y preocupación". Robredo decidió en diciembre, por sus diferencias con el presidente, dimitir del cargo que tenía en el Gobierno de Duterte, como presidenta del Consejo Coordinador de Desarrollo Urbanístico y de Vivienda, si bien mantuvo su cargo como vicepresidenta, señalando que sólo apoyaría las medidas del mandatario que considerara justas.

"La imputación de este tipo de crímenes monstruosos no tiene precedentes en su gravedad, y no pueden dejarse a un lado negándolos", ha señalado Robredo, según recoge la cadena filipina ABS-CBN.

"Debe tratar de conseguir que se abra una investigación creíble, independiente e integral desde el Senado que cuente con el total apoyo y cooperación del presidente y de su Gobierno", ha añadido. Lascañas negó la existencia de estos 'escuadrones de la muerte' mientras estuvo en activo, si bien reveló todo el pasado lunes.

En una rueda de prensa explicó que Duterte pagaba a los miembros de estos 'escuadrones de la muerte' entre 20.000 y 100.000 pesos filipinos (entre 375 y 1.870 euros), dependiendo de sus objetivos.

"Todos los asesinatos que cometimos en Dávao, independientemente de si les enterramos o les tiramos al mar --en referencia a los cuerpos--, fueron pagados por el (entonces) alcalde Duterte", explicó.

Este mismo martes, la Comisión de Derechos Humanos (CHR) de Filipinas aseguró que sobre el presidente, Rodrigo Duterte, todavía pesan cargos por cometer ejecuciones extrajudiciales durante su período como alcalde.

El secretario de Comunicaciones del presidente, Martin Andanar, había asegurado anteriormente que sobre el presidente ya no pesaba ningún cargo por su implicación en estas ejecuciones.

No obstante, el organismo recordó al Palacio de Malacañang --el Palacio Presidencial-- que había enviado una resolución, con fecha de junio de 2012, a la Oficina del Defensor del Pueblo recomendando al apertura de una investigación en torno a la Alcaldía de Duterte por un posible delito de connivencia hacia las ejecuciones exctrajudiciales llevadas a cabo durante su mandato.

"La comisión nunca retiró los cargos del exalcalde sobre las ejecuciones y su presunta implicación el escuadrón de la muerte de Dávao", ha señalado, según declaraciones recogidas por el diario filipino 'Inquirer'.

"Nuestras investigaciones previas muestran que no se han hecho importantes esfuerzos para abordar las ejecuciones en este período", ha añadido, antes de recordar que las investigaciones aún continúan en marcha.

Ya desde la campaña presidencial, Duterte se comprometió a acabar con el narcotráfico en el país atacando directamente a sus responsables y se comprometió a matar a todo aquel que traficara o consumiera drogas, al igual que hizo con la delincuencia en la ciudad de Dávao.

Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cerca de 6.100 personas han muerto a manos de policías, 'vigilantes' o mercenarios desde el inicio de la 'guerra contra las drogas' del presidente.