La Policía rechaza acusaciones de HRW y AI sobre la muerte de 33 personas a manos de agentes en manifestaciones

En un breve comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social Twitter, la Policía keniana ha hablado de "acusaciones falsas", afirmando que los informes de las ONG son "totalmente engañosos" y "fundamentados en falsedades".

"Estamos estudiando el informe y publicaremos un informe exhaustivo posteriormente", ha remachado.

Las dos ONG han presentado este lunes un informe de 37 páginas, titulado 'Matar a esos delincuentes: Las violaciones de las fuerzas de seguridad en las elecciones de agosto 2017 en Kenia', en el que denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía a la hora de dispersar las manifestaciones en algunos de los barrios de la capital, Nairobi, que más apoyan a la oposición.

Los investigadores de HRW y AI han detectado que a pesar de que las fuerzas de seguridad han medido su respuesta policial en la mayor parte de las manifestaciones, en muchos casos han llegado a disparar contra manifestantes y a pegarles palizas mortales. Algunas de las víctimas citadas en el informe han muerto por asfixia al respirar gas lacrimógeno o al ser rociados con espray de pimienta.

AI y HRW han asegurado que las fuerzas policiales han estado directamente implicadas en la muerte de al menos 33 personas. Otros 17 participantes en las protestas han perdido la vida en circunstancias similares, pero los investigadores no han podido confirmar los casos.

"Decenas de personas han muerto y muchas más han sufrido heridas graves que les van a condicionar de por vida en los ataques de la policía contra los seguidores de la oposición", ha denunciado Michelle Kagari, directora regional para el Este de África de AI. "Este uso excesivo y mortal de la fuerza se ha convertido en la seña de identidad de las operaciones policiales en Kenia y se le debe poner fin de forma inmediata", ha añadido.

El presidente, Uhuru Kenyatta, y el líder de la oposición, Raila Odinga, deberían haberse enfrentado en las urnas el 26 de octubre en una repetición de las elecciones presidenciales tras la anulación por el Tribunal Supremo de las elecciones del 8 de agosto que dieron la victoria a Kenyatta por irregularidades.

Sin embargo, Odinga ha anunciado su intención de no retirarse de la votación, lo que ha desatado una crisis política, aunque las autoridades han apuntado que la votación sigue adelante y que los ocho candidatos aprobados, incluido Odinga, estarán en las papeletas. En agosto solo Kenyatta y Odinga superaron el 1 por ciento de votos.

OPERACIONES POLICIALES

Para la realización del informe, AI y HRW han entrevistado a 151 víctimas y testigos de la respuesta policial. De acuerdo con los testimonios recogidos, la Policía de Nairobi había designado varias zonas de la ciudad, en su mayoría barrios donde la población apoya a la oposición, como "puntos calientes", desplegando más agentes de lo normal y provocando un aumento de las tensiones entre los vecinos.

Además de las 33 muertes registradas por las dos agencias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia ha documentado otros cinco fallecimientos, a los que se suman las 17 personas muertes comunicadas por la Policía. Se estima por tanto que el número real de muertos podría alcanzar los 60 fallecidos.

Los investigadores han podido contrastar que la Policía keniana llevó a cabo numerosas operaciones policiales en los barrios de Mathare, Kibera, Babadogo, Dandora, Korogocho, Kariobangi y Kawangware entre el 9 y 13 de agosto. Dispararon directamente a los manifestantes y en ocasiones, contra la propia multitud de manera aleatoria. De acuerdo con los testimonios de varios testigos, los agentes policiales perseguían a los manifestantes que intentaban huir hasta sus casas en algunas ocasiones.

Uno de los casos más sonados ha sido el de una niña de 9 años, Stepganie Moraa Nyarangi, que recibió un disparo mortal mientras miraba por el balcón de su casa. En otro incidente, Lilian Khavere, una mujer embarazada de 8 meses, perdió la vida al ser aplastada por una multitud tras haberse caído al suelo por inhalar gas lacrimógeno.

"Las autoridades de Kenia deberían reconocer públicamente las violaciones y llevar a cabo investigaciones transparentes y rápidas, así como tomar los pasos que sean necesarios para que los responsables sean llevados ante la Justicia", ha asegurado Otsieno Namwaya, investigador de HRW para África.

"La Policía atacó a los seguidores de la oposición y después intentó borrar sus huellas. Las autoridades deben garantizar que este uso de la fuerza de manera abusiva y arbitraria no se repite en las próximas elecciones", ha concluido.