Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Parlamento venezolano rechaza la última extensión del decreto de estado de excepción de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes una moción de desaprobación de la extensión del decreto de estado de excepción y emergencia económica, decretado por el presidente, Nicolás Maduro, el pasado mes de enero y que ha sido prorrogado en varias ocasiones.
El diputado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Alfonso Marquina ha calificado de boicot la continuidad de esta resolución, señalando que la extensión de este decreto sólo profundizará la crisis que sufre el país.
"El Gobierno, lejos de resolver los problemas de todos los venezolanos, los ha agravado aún más", ha señalado el diputado opositor, según declaraciones recogidas por el diario 'El Universal'.
Asimismo, Marquina ha acusado al Gobierno de Maduro de violar "de manera flagrante el artículo 338 de la Constitución", que limita a dos meses el estado de excepción y a dos meses su prórroga. "Y ya llevan diez meses", ha apuntado. Esta es la quinta vez que el Ejecutivo aprueba una extensión del decreto.
Por su parte, Luis Florido, de Voluntad Popular, ha señalado que estos decretos han dejado una inflación del 800 por ciento y una escasez del 75 por ciento, llevando la economía del país a convertirse en un "barco a la deriva".
Maduro anunció el pasado domingo una prórroga por 60 días del decreto, firmado en enero para hacer frente a la "guerra económica" que supuestamente sufre el país caribeño orquestada desde sectores de la derecha nacional e internacional.
El decreto fue declarado constitucional pocos días después por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dando al mandatario venezolano mayores poderes a la hora de legislar en materia económica.
Todas las órdenes del Palacio de Miraflores en este sentido han sido rechazadas por la Asamblea Nacional --Parlamento--, controlada por la oposición desde las elecciones de diciembre de 2015.