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Panamá da asilo a dos magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela

Panamá ha dado asilo a dos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que fueron elegidos por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y a los que el Gobierno de Nicolás Maduro considera "usurpadores", según ha anunciado este viernes el Ministerio de Exteriores panameño en un comunicado.
"En días pasados, el magistrado suplente y abogado de la fiscal general Gustavo Sosa Izaguirre y el magistrado suplente Manuel Antonio Espinoza Melet ingresaron a la residencia y misión diplomática de Panamá, respectivamente, solicitando la protección de nuestro país ante las circunstancias que atraviesan en Venezuela", reza la nota oficial.
La Cancillería panameña ha explicado que, "en solidaridad con el pueblo venezolano, y tras la formalización de su petición", el Gobierno de Juan Carlos Varela "ha respondido positivamente a la solicitud de asilo político de ambas autoridades judiciales".
Además, el Ministerio de Exteriores ha aprovechado para reiterar a Maduro "la necesidad de detener las acciones de hecho y negociar una salida política, en el marco de la Constitución vigente en Venezuela y del más estricto respeto de los Derechos Humanos, para el bienestar de su población".
El jefe de la diplomacia chilena, Heraldo Muñoz, ha informado este mismo viernes de que un total de seis magistrados del TSJ se encuentran refugiados en la Embajada en Caracas. La Moneda ha indicado que actuará "de acuerdo con los principios jurídicos y humanitarios que inspiran su política exterior".
Los magistrados han buscado protección internacional después de que dos compañeros fueran detenidos por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) después de que juraran el cargo. El TSJ advirtió de que quienes tomaran posesión serían acusados de usurpación de funciones.
La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, declaró el cese de los magistrados del TSJ nombrados por el Congreso anterior, de mayoría 'chavista', apenas un mes antes de que cambiara el equilibrio de poder en la sede legislativa, conforme al resultado de las elecciones del 6 de diciembre de 2015.
El TSJ desconoció el dictamen de la Asamblea Nacional y mantuvo en el cargo a sus miembros, a lo que los diputados respondieron designando a una nueva tanda de magistrados, a los que ni el alto tribunal ni el Gobierno reconoce legitimidad alguna.