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ONU-DH subraya desde Ayotzinapa la importancia de que México tenga una ley sobre desaparición de personas

El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, Jan Jarab, ha viajado este miércoles hasta la localidad de Ayotzinapa, tan solo cuatro días antes de que se cumplan dos años de la desaparición de los 43 estudiantes 'normalistas', desde donde ha subrayado la importancia de que el país disponga de una ley general sobre la desaparición de personas.
Jarab, que ha visitado la Escuela Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos' en la que estudiaban los 43 desaparecidos, se ha encontrado con los familiares de los jóvenes, a los que les ha expresado su admiración, solidaridad y apoyo en la búsqueda de los 'normalistas'.
Desde la escuela, Jarab ha destacado la lucha de los familiares y amigos por ejercer su derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, pero ha destacado la necesidad de que el país disponga "a la mayor brevedad posible" una ley general sobre desaparición que recoja la voz de las víctimas.
El representante de ONU-DH ha expresado además su disposición a seguir cooperando con las autoridades en los trabajos para averiguar el paradero de los estudiantes e investigar la responsabilidad criminal de los hechos.
Las declaraciones de Jarab llegan tan sólo un día después de que la Procuraduría General de la República (PGR) de México identificara cerca de 40 localizaciones donde podrían encontrarse las fosas con los restos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, en el estado de Guerrero, hace casi dos años.
Por otro lado, la búsqueda de los estudiantes ha llevado a diferentes líneas de investigación que apuntan a policías municipales de la localidad de Huitzuco, cuyos teléfonos móviles registraron itinerarios hacia Iguala durante la noche de la desaparición de los jóvenes.
'CASO IGUALA'
El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala, en el estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.
Tres murieron durante las primeras horas del ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.
Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno.
Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.