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Naciones Unidas da luz verde a la investigación de atrocidades en la región congoleña de los Kasais

El Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha anunciado este viernes el comienzo de una investigación sobre las atrocidades perpetradas supuestamente por milicias progubernamentales congoleñas en la región de los Kasais, desde donde han llegado denuncias de apuñalamientos a mujeres embarazadas y mutilaciones a bebés en el marco de un conflicto que amenaza con extenderse a toda la República Democrática del Congo.
La resolución de hoy aprueba así el nombramiento de una comisión de expertos independientes que deberá presentar los primeros resultados de sus pesquisas en una vista oral que tendrá lugar en marzo del año próximo, antes de la presentación de un informe escrito en junio de este año.
El objetivo será dilucidar la responsabilidad de los milicianos Bana Mura, afines al Gobierno congoleño, en numerosas atrocidades cometidas contra la población civil en el marco de un conflicto étnico y económico -- Kasai es una región con grandes depósitos minerales -- entre el Gobierno y sus milicias contra el grupo guerrillero Kamuina Nsapu.
Según la Iglesia católica, desde el pasado mes de agosto han muerto más de 3.300 personas, 20 poblados han sido destruidos, de ellos 10 por el Ejército congoleño -- y 1,3 millones de personas han huido de sus hogares.
"Queremos prestar desde ahora nuestro apoyo completo a esta investigación internacional por parte del Consejo para los Derechos Humanos como un paso adelante para identificar a los responsables de estas gravísimas violaciones", ha manifestado el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Husein.
"La resolución garantiza también que quienes cooperen tendrán la protección total del equipo, que de por sí espera la total implicación de las autoridades, en particular a la hora de acceder a todos los documentos y a todos los lugares que deseen", ha añadido el alto comisionado.
El Gobierno congoleño ha rechazado por completo esta investigación por entender que "trabajaría de forma completamente aislada de las autoridades y de los cuerpos judiciales del país, lo que significaría que la RDC se convertiría en un estado nulo", según el portavoz Lambert Mende.