Mujer pobre e indígena, el perfil de la víctima de violencia de género en Guatemala

La violencia es un fenómeno que amenaza a todas las mujeres en Guatemala, aunque se ensaña más con las indígenas pobres, y pese a que se han adoptado leyes para proteger a las mujeres su cumplimiento no siempre se produce y los esfuerzos que está haciendo el Gobierno guatemalteco contra este fenómeno y para promover la equidad de género resultan insuficientes.

Esta es la lectura que hace de la situación en el país centroamericano Susana Navarro, directora ejecutiva de la ONG Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En todo análisis, subraya, hay que tener en cuenta "tres categorías --clase, etnia y género--" lo que arroja como resultado que "las mujeres indígenas pobres son las personas que viven con mayores desigualdades, aunando el racismo y la discriminación imperantes" en Guatemala, uno de los países más mayores niveles de desigualdad en el mundo y el que tiene una "mayor inequidad" de América Latina.

Actualmente, el 83,3 por ciento de las tierras son propiedad de hombres, "lo que genera una dependencia histórica de las mujeres hacia estos para obtener algún recurso económico de su trabajo como campesinas" y en el caso de las mujeres mayas "presentan más casos de mortalidad materna".

Según Navarro, "la violencia amenaza a todas las mujeres, independientemente de su origen social, racial y étnico". Sin embargo, "algunos grupos son más vulnerables y enfrentan mayores obstáculos para acceder a la justicia" como las mujeres indígenas, las comunidades rurales, las niñas, las mujeres con discapacidades y las ancianas, precisa.

PARTICIPACIÓN INSUFICIENTE DE LA MUJER

La violencia de género "ocasiona serios daños físicos y psicológicos, que incluso pueden acabar con la vida de las mujeres" pero también conlleva unos "costos personales que se manifiestan en una insuficiente participación social, laboral y política" de las mujeres, sostiene la directora de ECAP, organización con la que trabaja Manos Unidas en Guatemala.

Así, "la violencia de género condiciona el papel de las mujeres en el desarrollo, anulando su pleno ejercicio y goce de derechos económicos, sociales y políticos en igualdad de condiciones", denuncia Navarro.

La líder social reconoce que aunque se han adoptado leyes de protección para las mujeres "su cumplimiento está lejos de ser eficiente, efectivo y de estar al servicio de las mujeres en situaciones de mayor inequidad". También se observa una "falta de acción de la mayoría de las instancias estatales en cuanto a la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres".

En su opinión, "los esfuerzos del Gobierno para poner un alto al fenómeno de la violencia de género y promover la equidad de género son insuficientes" y el acceso a la justicia plantea "complicaciones" para las mujeres, entre otras cosas porque en "la práctica el propio sistema ha sido diseñado por los hombres.

ES POSIBLE ACABAR CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Sin embargo, Navarro se muestra convencida de que es posible acabar con el maltrato y la violencia contra la mujer en su país, aunque reconoce que "el camino es largo" puesto que "la opresión de género tiene lugar en todos los ámbitos, privados y públicos, de la sociedad y está presente en la historia de Guatemala, no solo en los imaginarios colectivos sino también en las estructuras del Estado".

Según la directora de ECAP, la violencia de género se exacerbó durante el conflicto armado que vivió el país centroamericano pero sigue vigente hoy en día, "como lo demuestran los altos índices de feminicidio e impunidad en los crímenes contra las mujeres".

Desde ECAP, explica, trabajan para promover la plena participación de los pueblos indígenas y las mujeres en la toma de decisiones que afectan a sus vidas, partiendo del reconocimiento de las "relaciones de opresión por razones de clase, de etnia y de género existentes en Guatemala, que han dado origen a permanentes situaciones de violencia y extrema violencia".

Esta población, subraya Navarro, es "la más afectada por la falta de acceso a recursos y oportunidades, así como a la toma de decisiones" en una situación que viene "establecida desde un Estado que privilegia y sirve a unos pocos sobre la mayoría del país y que perpetúa una organización política y una normativa tendiente a mantener estas brechas de desigualdad que generan pobreza y opresión".

Su organización trabaja "para la construcción de una sociedad justa, equitativa y democrática" y lleva a cabo proyectos, apoyados por Manos Unidas, que buscan proponer "una cultura realmente alternativa a la que predomina: machista, racista, inhibitoria, individualista, represora, autoritaria y violenta", explica.

Con sus proyectos lo que buscan es el empoderamiento de las mujeres y que estas vean cumplidos sus derechos, incluido el "derecho a una vida libre de violencia". Se trabaja para acabar con el complejo de inferioridad que estas sufren y su subordinación a "un sistema de discriminación socialmente construido y que puede ser cambiado", subraya Navarro.