Miles de niñas mauritanas viven en condiciones de esclavitud como empleadas domésticas

La esclavitud moderna sigue siendo uno de los retos pendientes de Mauritania, especialmente para las niñas, abocadas a trabajar en labores domésticas a edades tan tempranas como los cuatro años. Las cadenas para ellas son invisibles, pero las violaciones, malos tratos y abusos les dejan marcas de por vida.

El Índice Global de Esclavitud calcula que unas 43.000 personas viven en Mauritania en condiciones que podrían ser equiparables a las de un esclavo, lo que supone alrededor de un 1 por ciento de la población total del país africano.

Unas 20.000 personas realizan trabajos forzados y, de ellas, un 42 por ciento corresponde a labores domésticas, según este informe. Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calcula que el 14,6 por ciento de los niños de entre cinco y 14 años realizan algún empleo por obligación.

Aminetou Mint el Mokhtar, responsable de la Asociación Mujeres Cabeza de Familia, trabaja precisamente protegiendo los derechos de las mujeres y la infancia e incluye entre los destinatarios de su ayuda a las niñas de entre cuatro y 18 años que son sometidas a la "explotación" dentro de las cuatro paredes de una casa.

Muchas de ellas son a su vez descendientes de esclavos o inmigrantes y se tienen que enfrentar a una realidad para la que no están preparadas, ni física ni psicológicamente. "Barren, cuidan a los hijos, van a la tienda, etc.", ha relatado la activista, al enumerar las actividades que hacen estas menores.

La Asociación Mujeres Cabeza de Familia, que colabora con la ONG Tierra de Hombres y la Asociación Española de Cooperación Internacional (AECID), ayuda a estas niñas a romper el círculo de esclavitud y buscar un futuro mejor, en muchos casos yendo en contra de un sistema marcado por la "impunidad total".

Aminetou Mint el Mokhtar ha recordado, en declaraciones a Europa Press, el caso de una niña que tras trabajar durante dos años en una casa se vio en la ruina. Al reclamar su salario, sus jefes no sólo no se lo entregaron sino que la acusaron de robo.

La asociación interviene en este tipo de casos para sacar a la víctima de la cárcel y exigir en su nombre el dinero adeudado, dentro de un proceso que comienza con la presentación de la denuncia ante la Policía y concluye con la facilitación de un abogado en caso de llegar a juicio.

El "acompañamiento" lleva también aparejadas labores de alfabetización si la menor lo requiere o tareas de formación profesional, de tal manera que pueda ser "autónoma" en un futuro y obtener "independencia económica". Muchas de ellas no quieren dedicarse de nuevo a las tareas del hogar, "traumatizadas" por lo vivido.

PRÁCTICAS ARRAIGADAS

Aminetou Mint el Mokhtar ha lamentado que "no hay una ley de protección" en Mauritania que ayude a las miles de víctimas de la esclavitud doméstica, si bien ha advertido de que se trata de un problema mucho más enraizado. En este sentido, ha recordado que ciertas prácticas siguen estando "toleradas" por la sociedad civil, leyes al margen.

La violencia en el seno de la familia, de hecho, también es "frecuente", según la activista, quien ha alertado de un incremento de casos a raíz del deterioro económico de los últimos años. Según la ONU, casi un 38 por ciento de las mujeres considera justificadas las agresiones por parte del marido.

En términos políticos y legislativos, Aminetou Mint el Mokhtar ha considerado imprescindible romper con el actual Estado "clientelista" y revisar una Justicia en la que "no existe independencia". Ha citado el caso de un policía que hace unas semanas mató a su mujer en Mauritania y ha advertido de que, en el caso de llegue a ser condenado, terminará obteniendo la libertad "lo antes posible".

A estos abusos se suman también los delitos de violación, que sí aparecen recogidos en dos artículos del Código Penal mauritano, aunque con matices. La activista ha denunciado que las autoridades sólo contemplan una compensación "mínima" para las víctimas y "no se responde a su necesidad".

No en vano, ser víctima de una violación implica arrastrar una "mancha" que puede llegar a acompañar a la niña o mujer de por vida. "No se pueden casar, pueden ser rechazadas por su familia", ha apuntado Aminetou Mint el Mokhtar.

La presencia de las mujeres en política tampoco ayuda a lograr de momento avances en esta línea, ya que, en opinión de la defensora de los Derechos Humanos, las actuales dirigentes "no son representantivas", sino que se trata de personas "puestas a dedo" por el partido en el poder.

Mauritania cuenta actualmente con nueve ministras y las mujeres ocupan una cuarta parte de los escaños del Parlamento, así como un tercio de los cargos electos a nivel local. Sin embargo, según Aminetou Mint el Mokhtar, no critican las políticas oficiales: "Lo único que hacen es aplaudir".

TABÚES

"Hay una especie de tabú respecto a todos los tipos de violencia que existen en Mauritania", ha añadido la responsable de la Asociación Mujeres Cabeza de Familia, crítica con el silencio social y político en un país que, al menos en teoría, debería cumplir una serie de estándares básicos.

Así, ha advertido de que, a pesar de que el Gobierno ha firmado una serie de convenios internacionales sobre Derechos Humanos, exista "cero puesta en marcha" de los mecanismos incluidos en estos textos. Las leyes mauritanas, en su estado actual, son imposibles de "armonizar" con dichos convenios.

A la comunidad internacional también le ha pedido que colabore con Mauritania para superar los desafíos pendientes en múltiples frentes, en la medida en que el país sigue siendo un "cruce" para el paso de inmigrantes y droga y arrastra unas cifras de pobreza que no hacen sino contribuir a la espiral de violencia.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) calcula que unas 647.000 personas sufren inseguridad alimentaria y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cifra en 90 de cada mil la tasa de fallecimientos en niños menores de cinco años.