Un año de impunidad por la desaparición de los 43 'normalistas' en México

Si algo ha quedado claro en estos doce meses es que el caso Iguala no es uno más. El Gobierno federal se vio obligado a asumir las riendas desde un primer momento -cuando hay cientos de casos similares que nunca se investigan- y las organizaciones de Derechos Humanos han escrutado cada paso.

Quizá sea por lo llamativo de una desaparición colectiva, y no gota a gota como están acostumbrados los mexicanos; por la juventud de las víctimas, veinteañeros o incluso menores; por el activismo inicial y sostenido en el tiempo de sus familias y amigos; o por el hartazgo social.

Lo cierto es que el Gobierno de Peña Nieto ha podido sentir constantemente el aliento de una población asqueada por la pareja de hecho que forman políticos y criminales y de una comunidad internacional que se ha quedado sin excusas para mantener su silencio sobre México.

Para Naciones Unidas "es uno de los casos más graves de violaciones de Derechos Humanos en la historia reciente de México", por lo que es "fundamental" depurar "las responsabilidades de las autoridades municipales, estatales y federales que participaron en los hechos o que teniendo conocimiento de los mismos no cumplieron con su deber".

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha considerado que es "uno de los peores escándalos de Derechos Humanos en México". "Expone cómo cualquiera puede desaparecer forzadamente como por arte de magia en el país mientras quienes están en el poder se enfocan en cubrir las huellas", ha lamentado.

"Incluso con el mundo mirando y con sustanciales recursos en sus manos, las autoridades han sido incapaces o no han querido llevar a cabo una investigación seria" de "la peor atrocidad en la memoria reciente de México", ha añadido José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch.

Punto de inflexión

El clamor nacional e internacional por esta matanza empujó a Peña Nieto a anunciar una ambiciosa reforma de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial para evitar la infiltración del crimen organizado en la vida política.

Como medida estrella, Peña Nieto ha ordenado disolver las policías municipales --más fácilmente corrompibles-- y reforzar la autoridad estatal y federal en todo el territorio mexicano, especialmente en la violenta región de Tierras Calientes, formada por Michoacán y Guerrero.

También ha prometido leyes generales de tortura y desaparición forzada para establecer protocolos y procedimientos exhaustivos contra estas prácticas y, en un paso más, crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

Investigación deficiente

Pero este impulso federal ha sido insuficiente para arrojar luz sobre el caso Iguala, a juzgar por las "graves irregularidades" que han plagado la investigación desde un principio y que podrían haber condenado el esclarecimiento del caso.

El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado que las autoridades mexicanas han obviado elementos cruciales y han manipulado e incluso destruido pruebas mientras contaban al país que están haciendo "todo lo posible" por llegar a la verdad.

Entre las cuestiones más palmarias, la CIDH ha indicado que no se aseguró debidamente el lugar de los hechos, minorando así la fiabilidad de las pruebas recabadas, como muestras de sangre y ropa, vitales para situar en la escena a víctimas y verdugos.

La CIDH también ha puesto de relieve que muchas de las pruebas no fueron custodiadas, pudiendo haber sido contaminadas, y, además, debido a su falta de registro, cayeron en el olvido y nunca se analizaron. Es el caso de las prendas de ropa de los 43 'normalistas' halladas en Iguala.

La versión oficial

A ello se suma "la inquebrantable determinación del Gobierno mexicano de convencer al mundo" de una verdad oficial que hace aguas por todas partes, en palabras de Amnistía Internacional.

Según el relato ofrecido por la Procuraduría General de la República (PGR), los 43 'normalistas' desaparecieron en la madrugada del 26 al 27 de septiembre cuando viajaban en cuatro autobuses desde Ayotzinapa, su municipio, hasta el vecino Iguala para recaudar fondos para poder ir a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre en México DF.

A la entrada de Iguala fueron interceptados por la Policía local por órdenes de María Ángeles Pineda, mujer del alcalde, José Luis Abarca, que no quería que los estudiantes de magisterio reventaran un acto oficial que tenía programado para ese día, como ya habían hecho en ocasiones anteriores.

'Normalistas' y policías se enfrentaron, éstos últimos haciendo uso de munición real, con un saldo de seis muertos y 25 heridos. Los 43 jóvenes restantes son metidos en furgones policiales y entregados a la Policía del vecino municipio de Cocula, quienes a su vez los dejan en manos del cártel de Guerreros Unidos.

Guerreros Unidos había recibido la información de que los jóvenes eran miembros del grupo rival Los Rojos, por lo que fusilan a los que quedan vivos y prenden fuego a sus cadáveres en el basurero municipal para después arrojar sus cenizas al río San Juan.

La verdad de la CIDH

Este relato de los hechos, que nunca fue aceptado por las familias y amigos de los 43 'normalistas', que han seguido defendiendo incansablemente que siguen vivos ('vivos se los llevaron, vivos los queremos') ha sido desmontado por la CIDH.

Los investigadores regionales han determinado que no hubo un solo enfrentamientos entre 'normalistas' y uniformados, sino que se produjeron hasta nueve en los que, además de policías municipales, intervinieron miembros de la Policía Federal y del Ejército, a los que se les ha impedido interrogar con las garantías necesarias.

La CIDH ha sostenido que las autoridades mexicanas tenían plenamente identificados a los 'normalistas' y sabían que no iban armados ni pretendían boicotear el acto oficial de Pineda, de modo que fue un ataque deliberado a civiles.

Además, para la CIDH resulta absolutamente imposible que los jóvenes fueran incinerados. La Procuraduría sostiene que el fuego duró 12 horas, pero forenses independientes han determinado que se necesitarían 60 horas para quemar 43 cuerpos humanos y que la llama y el humo habrían alcanzado una altura de 300 metros, lo cual habría llamado la atención de los vecinos, que habrían dado aviso a Bomberos, algo que no ocurrió.

El dato más importante que señala la CIDH en su informe es la existencia de un quinto autobús que no aparece en ningún momento en el expediente de la Procuraduría, según la cual los 'normalistas' se desplazaron en cuatro autobuses hasta iguala.

La CIDH apunta que los estudiantes de magisterio se apoderaron de un quinto autobús cuyo conductor les dejó tirados a la entrada de Iguala, de modo que los demás autobuses se desviaron a esta localidad --que no sería su destino final-- para ayudar a sus compañeros.

La importancia de este quinto autobús reside en que podría ser clave para resolver el caso. Al parecer, existe una red de tráfico de heroína desde Iguala a Estados Unidos que usa líneas comerciales para mover la droga sin levantar sospechas. "El negocio que se mueve en Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque que sufrieron los 'normalistas'", ha sugerido la CIDH.