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La Justicia argentina confirma el embargo de los más de 5 millones de dólares de la hija de la expresidenta

La sala I de la Cámara Federal penal de Argentina ha confirmado este jueves el embargo de más de cinco millones de dólares encontrados en varias cajas de seguridad a nombre de la hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Florencia Kirchner.
El dinero embargado, a petición del fiscal federal Gerardo Pollicita, corresponde a los 4,6 millones de dólares que la hija de la expresidenta tiene depositados en una cuenta de Banco Galicia, algo más de un millón de dólares de dos cajas de ahorro de Banco Francés.
"El direccionamiento de los embargos preventivos hacia el dinero detentado por Florencia Kirchner en el Banco Galicia aparece coherente con la referida tesis de investigación, que ubica a la nombrada dentro del engranaje societario utilizado para canalizar los fondos de origen ilícito que los empresarios beneficiados por la irregular concesión de obra pública habrían otorgado a la familia presidencial", ha señalado Jorge Ballestero en el fallo, según recoge el diario 'Clarín'.
El principal argumento de Pollicita para solicitar el embargo del dinero fueron las transferencias entre la madre y la hija. "Entre los días 3 y 4 de marzo (...) desde la caja de ahorro en pesos de Cristina se extraen en efectivo un total de 4.644.000 dólares (...) depositados por la propia Florencia en las cajas de seguridad a su nombre", detalló entonces.
Este y otros movimientos fueron anteriores a la declaraciones indagatorias que Fernández de Kirchner hizo el pasado 13 de abril por la causa 'dólar futuro', el principal caso de la Justicia argentina contra la exmandataria.
Fernández de Kirchner está procesada por las supuestas operaciones financieras que el Banco Central hizo bajo sus órdenes para asegurar el valor de venta del dólar con varios meses de antelación a un precio ligeramente menor al previsto en los mercados internacionales.
Aunque el caso 'dólar futuro' es el más grave, también está siendo investigada por un delito de blanqueo de capitales en un caso que indaga la supuesta existencia de una red integrada por funcionarios y empresarios para el desvío de fondos públicos.