Hallan los restos mortales de uno de los desaparecidos durante la toma del Palacio de Justicia en Colombia

El Instituto de Medicina Legal de Colombia ha confirmado que se trata de Beltrán, que tenía 24 años y trabajaba como camarero en la cafetería del Palacio de Justicia cuando se produjeron los hechos. Ahora, es Echeverry quien figura como desaparecido, de acuerdo con Caracol Radio.

El pasado 2 de junio, ocurrió algo similar. Los forenses anunciaron el hallazgo del cadáver de Héctor Jaime Beltrán, otro camarero desaparecido, en el sepulcro donde debía estar el también magistrado Julio César Andrade, clasificado desde entonces como desaparecido.

El 6 de noviembre de 1985 guerrilleros del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia, ubicado en la céntrica plaza Bolívar de Bogotá, a lo que militares y policías respondieron con un operativo que duró 27 horas, prolongándose hasta el día siguiente.

En total, 98 personas murieron y 11 desaparecieron, aunque en los últimos años se han ido reduciendo. Las investigaciones de la Fiscalía revelaron en 2005 que los civiles desaparecidos salieron con vida de la sede judicial bajo custodia de la Fuerza Pública. Hasta ahora, han sido detenidos tres militares por estos hechos.

CONDENA A COLOMBIA

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en 2014 al Estado colombiano por su responsabilidad en las numerosas violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el marco de la toma del Palacio de Justicia.

En concreto, condenó a Colombia por "las desapariciones forzadas de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, de dos visitantes y de una guerrillera del M-19", así como por la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.

También apuntó a "las detenciones arbitrarias e ilegales y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, quienes fueron considerados sospechosos de colaborar con el M-19".

Además, señaló a "la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas, y al incumplimiento del deber de prevención frente al riesgo en el que se encontraban los ocupantes del Palacio de Justicia, que era conocido por el Estado".