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HRW alerta de que un modelo presidencialista en Turquía pondrá en peligro los DDHH y la democracia

El Parlamento de Turquía está llevando a cabo una serie de enmiendas a la Constitución que contribuyen al establecimiento de un modelo presidencialista y recortan el Poder Ejecutivo, según ha denunciado la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha alertado de que la situación supone una amenaza para la democracia y los Derechos Humanos.
El proyecto de ley, que ha sido presentado en el Parlamento en el marco del estado de emergencia emitido tras el intento de golpe de Estado que tuvo lugar en julio, implica una concentración del poder en manos del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
"Los cambios constitucionales propuestos concentran el poder en manos de Erdogan y debilitan los sistemas encargados de revisar esos poderes", ha indicado el director de HRW en Asia y Europa Central, Hugh Williamson.
"El Parlamento debe rechazar estos cambios constitucionales, que podrían ahuecar la autoridad existente y socavar la democracia del país", ha añadido Williamson, que ha advertido de que la primera ronda de las votaciones para aprobar las enmiendas comenzó el 9 de enero y finalizó el día 15.
Según la organización, el 18 de enero se iniciará la segunda ronda para aprobar una ley que, posteriormente, deberá ser sometida a referéndum en abril. La creación de una presidencia ejecutiva constituiría el cambio más significativo de las instituciones políticas turcas desde 1950.
Las nuevas medidas permitirán al presidente designar ministros, emitir decretos, disolver el Parlamento y controlar los nombramientos judiciales, según ha denunciado la ONG, que ha señalado que los cambios supondrán la retirada del cargo de primer ministro y el final de las mociones de confianza.
Turquía se encuentra actualmente bajo un estado de emergencia impuesto en julio, el cual permite al Gobierno emitir decretos sin contar con la aprobación del Parlamento. Los cambios planteados por la Presidencia harán permanentes muchos de los poderes que han sido asumidos por Erdogan durante el estado de emergencia, según ha indicado HRW.
Desde julio de 2016, al menos 160 medios de comunicación han sido cerrados y unos 140 periodistas han sido encarcelados a la espera de ser juzgados. Las autoridades han suspendido a más de 100.000 funcionarios por estar presuntamente relacionados con el movimiento Hizmet (Servicio) del influyente clérigo Fetulá Gulen, al que el Gobierno acusa de haber orquestado la intentona golpista.
Entre los encarcelados se encuentran los dos líderes de la formación prokurda Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y otros nueve diputados del partido. Por otra parte, la organización ha denunciado que el debate público sobre las enmiendas a la Constitución se encuentra gravemente restringido.
La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha mostrado su preocupación ante el ejercicio de poderes desempeñado bajo el estado de emergencia en Turquía, incluyendo la suspensión de miles de funcionarios y la disolución de organizaciones no gubernamentales. Además, ha manifestado que "lo más importante de un régimen en emergencia es su carácter temporal".
El Gobierno turco ha señalado el modelo estadounidense como el idóneo a seguir. Sin embargo, la Carta Magna de Estados Unidos limita el poder del presidente a través del Poder Judicial y Legislativo, lo cual no se aplicaría en el caso de Turquía.
Para que las medidas salgan adelante, el Gobierno tiene que contar con el voto de al menos 330 diputados. El Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que tiene 316 escaños, llegó a un acuerdo con el Partido de Acción Nacionalista (MHP) para que 14 de sus diputados apoyaran el proyecto de ley.
"Hace una década Turquía parecía estar en el camino correcto para mejorar la situación de los Derechos Humanos y la calidad de la democracia", ha aseverado Williamson. "Los planes para que se establezca un modelo presidencialista provocarán el efecto contrario y destruirán cualquier legado de reforma", ha añadido.