HRW alerta del riesgo inminente de ejecución de 14 chiíes en Arabia Saudí tras enfrentarse a juicios injustos

El Tribunal Supremo, entidad que ha verificado la condena, ha tomado esta decisión por el rechazo de los acusados a hacer declaraciones ante la Fiscalía. Los condenados alegaron que habían sido torturados por las fuerzas de seguridad para que manifestasen sus supuestos delitos.

Las autoridades trasladaron el 15 de julio a los catorce condenados de la ciudad de Dammam a una cárcel de Riad sin dar ninguna explicación y sin que pudiesen mantener contacto alguno con el mundo exterior. Algunos de ellos están encarcelados en régimen de aislamiento, han indicado las familias de los afectados a HRW.

Según la ONG, los catorce condenados se encontraban entre los 24 acusados de un juicio masivo, conocido como 'Qatif 24', donde todos los demandandos eran chiíes. El Tribunal de Delitos Especializados los condenó a todos por casos relacionados con la protesta, aunque muchos de ellos cuentan también con cargos por actos violentos como el asalto a mano armada o el lanzamiento de cócteles molotov a instalaciones de la Policía. Medios de comunicación saudíes han identificado a los condenados como miembros de una 'célula terrorista' que ha realizado más de 50 ataques contra las fuerzas de seguridad del Estado, matando a 'algunas personas' e hiriendo a docenas.

El Ministerio de Justicia ha apoyado la decisión de las instancias judiciales en unas declaraciones a la prensa estatal, donde ha subrayado que la sentencia había sido revisada y aprobada por 13 jueces diferentes. Sin embargo, no ha tenido en cuenta las denuncias que se hicieron por torturas o el hecho de que los jueces las hayan ignorado.

Entre los catorce hombres condenados se encuentra Mujtaba al Sweikat, que fue arrestado por las autoridades en agosto de 2012 cuando intentaba embarcar a un avión que se dirigía a Estados Unidos para comenzar estudios universitarios. También se incluye Munir al Adam que, según activistas saudíes, ha perdido la audición de un oído por las palizas que recibía en los interrogatorios a los que era sometido por las autoridades.

Human Rights Watch ha analizado diez sentencias expedidas por el Tribunal de Delitos Especializados entre 2013 y 2016 contra personas acusadas por delitos relacionados con la protesta, como consecuencia de manifestaciones populares realizadas por la minoría chií entre 2011 y 2012. La organización asegura que, prácticamente en todas las condenas, los acusados se han negado a declarar, estableciendo que fueron coercionados, en algunos casos llegando a la tortura, incluyendo palizas y largos regímenes de aislamiento.

MÁS EJECUCIONES

La cuota de ejecuciones por pena capital en Arabia Saudí se ha disparado desde que cambió la línea sucesoria del país en junio. Desde esa fecha, Arabia Saudí ha ejecutado a 35 personas, comparadas con las 39 ejecuciones registradas en los primeros seis meses de 2017. Nueve de las personas ejecutadas fueron condenadas por delitos donde no existía violencia, por casos relacionados con drogas.

"Las ejecuciones han aumentado únicamente por el cambio de líder del país, y van a ejecutarse muchas personas más", ha señalado Sarah Leah Whitson, directora de HRW en Oriente Próximo. "Las ejecuciones no son nunca una solución para frenar la delincuencia, especialmente cuando provienen de un sistema de justicia deficiente que ignora las denuncias de tortura", ha añadido.

Una base de datos que recoge información sobre la pena de muerte en todo el mundo, establece que Arabia Saudí es uno de los países del mundo que realiza más ejecuciones de este tipo, y que no se limita a aplicar la pena de muerte a 'los casos más serios', sino que también emite condenas de este tipo por delitos más leves como el tráfico de drogas. En Oriente Próximo, sólo Irán ejecuta más personas que Arabia Saudí: desde el comienzo de 2017, Irán ha ejecutado al menos a 357 prisioneros, según los datos ofrecidos por Boroumand Foundation, una asociación que defiende los Derechos Humanos y documenta las ejecuciones que se realizan en Irán.

En 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió que se estableciera una moratoria sobre el uso de la pena de muerte, que restringiera progresivamente su aplicación y redujese las ofensas por las que podía emplearse, con la idea de avanzar hacia su abolición. El secretario general de las Naciones Unidas en aquel momento, el surcoreano Ban Ki Moon, hizo un llamamiento en 2013 a que los países eliminaran la pena de muerte.

"Si el nuevo líder del país se toma en serio la reforma, debería frenar inmediatamente estas ejecuciones y poner fin a los juicios farsa, donde las condenas se derivan de declaraciones que han hecho los acusados después de haber sido torturados", ha concluido la directora de HRW en Oriente Próximo.