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HRW insta al Gobierno libio a acabar con la violación de los DDHH en los centros de detención de inmigrantes

Las autoridades de Libia deben ofrecer una respuesta inmediata para detener la tortura, el trabajo forzoso y los "horribles" abusos sexuales contra solicitantes de asilo e inmigrantes bajo custodia policial, según ha instado la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha denunciado que las miles de personas que son interceptadas cada año por la guardia costera son trasladadas a los centros gestionados por la Dirección de Libia para Combatir la Inmigración Ilegal (DCIM, por sus siglas en inglés).
La ONU, que ha llevado a cabo un informe sobre las sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos de los inmigrantes en los centros de detención del país, ha indicado que la Unión Europea, que comenzó a entrenar a la guardia costera libia en 2016, debe presionar a las autoridades para acabar con los abusos.
Además, la organización ha destacado la importancia de que el gobierno de Libia deje de realizar detenciones arbitrarias de inmigrantes y solicitantes de asilo y ha instado a las autoridades a abrir procesos judiciales contra aquellos que hayan podido vulnerar los derechos de los arrestados.
"La ONU ha dejado claro que el Gobierno debe acabar con la tortura, el trabajo forzoso y la violencia sexual que ha tenido lugar durante años", ha indicado la directora de HRW para Oriente Próximo y el Norte de África, Sarah Leah Whitson.
"Aquellos que se han visto involucrados de alguna manera en las políticas de inmigración del país, como es el caso de la Unión Europea, deben insistir para que esta situación termine", ha añadido. El informe de Naciones Unidas fue publicado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como por la misión de la organización en Libia.
Las agencias han informado de que los inmigrantes detenidos, tanto hombres como mujeres, sufren malnutrición, abusos y torturas, además de ver confiscados sus documentos y sus posesiones. HRW ha denunciado que los abusos se remontan a 2009 y ha señalado que en julio de 2016 la organización registró casos de abuso físico y verbal contra inmigrantes interceptados por la guardia costera.
Los países miembros del bloque comunitario, que suponen uno de los principales destinos de los inmigrantes, deben asegurar que el entrenamiento, la financiación y la distribución de material entre la guardia costera o las fuerzas de seguridad libias no contribuyan a la violación de los Derechos Humanos.
Además, HRW ha indicado la necesidad de que la Unión Europea apoye la supervisión de los centros de detención llevada a cabo por Naciones Unidas para detectar posibles casos de abusos. Las autoridades europeas, que se reunirán el 15 de diciembre en Bruselas, podrían ampliar la capacidad de la guardia costera de Libia. Esto supone, según la ONG, una forma de responsabilizar de la crisis de inmigración a terceros países.
CRISIS POLÍTICA
La lucha interna en Libia ha provocado una crisis humanitaria que ha dejado hasta la fecha medio millón de libios desplazados y una significativa crisis económica y política. El Gobierno de unidad de Libia, que cuenta con el apoyo de la ONU, continúa enfrentándose a las facciones rebeldes.
El DCIM gestiona 24 centros de detención oficiales y se encuentra bajo el control del Ministerio del Interior. Sin embargo, las milicias y los grupos armados han llevado a cabo detenciones ilegales de forma paralela en centros no oficiales.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha registrado una llegada de más de 175.200 personas en las costas italianas, la mayoría provenientes de países del Norte de África. Según datos de la ONU, al menos 4.742 personas han muerto en el Mediterráneo.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó en septiembre de que cerca de 770.000 inmigrantes habían entrado en Libia, de los cuales entre 4.000 y 7.000 se encuentran en los centros de detención gestionados por el DCIM.