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El Gobierno boliviano revoca las concesiones a los cooperativistas mineros

El Gobierno boliviano ha ordenado este jueves revocar las licencias concedidas a los cooperativistas mineros que a su vez las hayan arrendado a empresas privadas, en el marco de la disputa entre el Ejecutivo de Evo Morales y el sector.
"El Gabinete ha emitido un primer decreto donde de manera expresa revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubiesen suscrito contratos de riesgo compartido arrendamiento y subarrendamiento entre las cooperativas mineras con empresas privadas nacionales o extranjeras", ha anunciado el ministro de Minería, César Navarro.
Según cifras proporcionadas anteriormente por el portavoz gubernamental, Carlos Romero, en Bolivia hay actualmente 31 contratos suscritos con empresas privadas con una duración de 25 años y, en algunos casos, indefinida.
Sin embargo, el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Marcelino Quispe, sostiene que en estos momentos existen siete contratos celebrados entre cooperativistas mineros y empresas privadas, tanto bolivianas como extranjeras.
Navarro ha explicado que el Gobierno ha aprobado un segundo decreto por virtud del cual el Ministerio de Minería también podrá retirar la concesión a las cooperativas que no tengan actividad. "Esa facultad nos va a permitir hacer una verificación de cientos de áreas dispersas", ha subrayado.
Además, un tercer decreto aprobado este jueves da vía libre a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y a la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas para que supervisen todas las cooperativas mineras.
Como parte de esta fiscalización, las cooperativas tendrán que informar regularmente a la Central Obrera Boliviana (COB) sobre el número de asociados que tienen y el nivel y el valor de la producción que generan, según informa la agencia de noticias ABI.
"Estos elementos tienen que ser presentados el 31 de enero de cada año, incluido el balance de estados financieros de cada año, la nómina actualizada de asociados, del personal administrativo y demás personas que coadyuvan en la actividad productiva", ha detallado.
Navarro ha indicado además que, "si la autoridad administrativa, luego de las verificaciones, logra establecer que una cooperativa no cumple con los requisitos, podrá recomendar que esta cooperativa pueda cambiar de manera obligatoria a su condición de empresa".
El objetivo del Gobierno es que las "verdaderas" cooperativas mineras actúen "con toda seguridad" y aquellas que están "camufladas" --que prácticamente son "empresas explotadoras de hombres"-- queden al descubierto y pierdan tal condición.
Esta ofensiva gubernamental se produce una semana después de que las protestas mineras, en demanda de mayor autonomía para firmar contratos con empresas privadas, costaran la vida al viceministro de Interior, Rodolfo Illanes.