El Gobierno argentino niega que el freno judicial al "tarifazo" sea una "derrota" política

"De ninguna manera lo vivimos como una derrota", ha dicho el ministro de Justicia, Germán Garavano. "No entendemos estas cosas como derrota o victoria. Tampoco hubiera sido una victoria si el fallo hubiera confirmado todo lo que hizo el Poder Ejecutivo", ha sostenido.

Así, ha descartado que Macri esté pensando en prescindir del ministro de Energía, Juan José Aranguren. "Al contrario, le dijo que se ponga a trabajar inmediatamente en lo pedido por el fallo, en llamar a audiencias públicas", ha afirmado.

A este respecto, ha destacado que pocos días después de la decisión judicial el Gobierno haya convocado "rápidamente" una audiencia pública en el barrio porteño de La Boca para el próximo 12 de septiembre en la que, según ha avanzado, se podría participar a través de Internet.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ha ratificado que el Gobierno acatará el fallo porque "debemos aprender a vivir en un clima donde respetemos la institucionalidad y la democracia", después de años de conflicto entre Ejecutivo y Judicial.

No obstante, ha subrayado que, si bien el trámite administrativo no fue el correcto, la subida del precio del gas es necesaria porque "el país tiene una situación de déficit fiscal muy grande y tenemos que avanzar en la reducción gradual".

Por su parte, desde el opositor Frente para la Victoria (FpV) han celebrado el fallo como "un límite al modelo" económico que pretende instaurar Macri y han reclamado al Gobierno una política energética "clara", según informa la agencia de noticias Télam.

En la misma línea, los principales sindicatos argentinos han aplaudido la resolución judicial al tiempo que han convocado movilizaciones para "no acatar en silencio este atropello a los derechos del pueblo mientras el Gobierno favorece a los sectores concentrados de la economía".

BATALLA JUDICIAL

Macri, que llegó a la Casa Rosada el pasado 10 de diciembre tras una década de 'kirchnerismo', ordenó un aumento de la tarifa del gas en marzo con el compromiso de reducir los subsidios que el Estado paga para mantener bajos los precios de la energía.

La Sala Segunda de la Cámara Federal de Apelaciones revocó una sentencia en primera instancia que dio la razón al Gobierno y declaró la nulidad de los decretos presidenciales que consumaron el conocido popularmente como "tarifazo".

El Ejecutivo recurrió, pero la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, dio el miércoles la razón a la Cámara Federal de Apelaciones, confirmando la congelación del precio del gas porque, según argumenta, el Gobierno no respetó el proceso legal al saltarse la audiencia pública requerida y con ello vulneró derechos fundamentales.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, avanzó que la Casa Rosada llevaría a la Corte Suprema la decisión de Gils Carbó. "La definición sobre el tema de las tarifas es algo que la Constitución asigna al Poder Ejecutivo, incluso a organismos muy específicos, como los entes de control de gas", esgrimió.

El Supremo decidió el jueves por unanimidad respaldar el fallo de Gils Carbó, declarando nulos los decretos presidenciales del "tarifazo" por no cumplir con el trámite de audiencia pública. Además, ordenó retrotraer el precio del gas al nivel anterior, pero solo para los "usuarios residenciales", es decir, los particulares.