El Gobierno analiza "alternativas" para poner en marcha la justicia transicional pactada con las FARC

La Ley de la JEP fue aprobada el pasado 14 de marzo tras intensos debates en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero no podrá aplicarse hasta que el Congreso apruebe también su reglamento, algo en lo que lleva enfrascado semanas sin apenas avances.

El Gobierno teme que el reglamento de la JEP no vea la luz antes del 30 de noviembre, cuando expira el 'fast track' que ha permitido agilizar los trámites parlamentarias para convertir en leyes el acuerdo de paz, lo cual postergaría 'sine die' la votación definitiva.

"Estamos evaluando todas las alternativas posibles. Estamos haciendo un análisis de constitucionalidad de todas las alternativas posibles", ha revelado este jueves el ministro de Interior, Guillermo Rivera, interrogado por la prensa sobre este tema.

Uno de los principales obstáculos para la aprobación del reglamento es que algunos partidos pretenden que la JEP sirva de filtro para los candidatos que las FARC postulen a los comicios presidenciales y legislativos que se celebrarán el próximo año.

De ser así y si no se logra un acuerdo rápido en el Congreso --antes del 30 de noviembre--, podría estallar una crisis política porque las FARC --ahora reconvertidas en partido político-- podrían no llegar a tiempo a la cita con las urnas.

CORAZÓN DEL ACUERDO

La justicia transicional, junto a la participación política, son el corazón del acuerdo de paz suscrito por el Gobierno y las FARC el pasado 24 de noviembre para acabar con una guerra de más de medio siglo, pero también los principales objetos de crítica del 'uribismo' y sus aliados.

El acuerdo de paz otorga "las más amplias amnistías" a los actores del conflicto armado, por lo que la JEP solo se aplicará a los responsables de los crímenes más graves, es decir, aquellos que --conforme al Derecho Internacional-- no pueden ser perdonados, como el genocidio y los crímenes de guerra y lesa humanidad.

La JEP idea un sistema de sanciones que permitirá a los acusados --tanto guerrilleros como agentes del Estado y terceros colaboradores-- obtener penas más ventajosas en función de la verdad que aporten y que van desde los entre cinco y ocho años de medidas restrictivas de la libertad hasta los 20 años de cárcel.