El Gobierno de EEUU decreta la búsqueda de una ruta alternativa al polémico oleoducto Dakota Access

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, responsable último de dar la aprobación a las obras, han comunicado a la tribu Oceti -- en cuyo territorio se concentran las tiendas de campañas de los manifestantes -- la suspensión de los trabajos a la espera de realizar un estudio sobre el impacto medioambiental en la zona.

Sea como fuere, el oleoducto ya no pasará por la zona originalmente prevista, debajo del Lago Oahe, único depósito de agua de la población de indios norteamericanos en Standing Rock, ha constatado la subsecretaria militar para obras públicas del Ejército de Estados Unidos, Jo-Ellen Darcy.

"A pesar de las constantes converciones que hemos mantenido con la población, está claro que hay que mantener todavía más diálogo. La mejor forma de hacerlo consiste en explorar rutas alternativas para el recorrido del oleoducto", ha hecho saber en un comunicado.

El nuevo recorrido acabará definido según los resultados del nuevo estudio medioambiental que el Ejército estadounidense pondrá en marcha en un futuro todavía no especificado.

El oleoducto, de 1.885 kilómetros de largo, supondría la ruta más rápida de suministro energético desde Dakota del Norte a las refinerías de la costa del golfo de Estados Unidos.

Sin embargo, la presión de los residentes obligó a la Casa Blanca a suspender temporalmente las obras para iniciar un proceso de diálogo marrado ocasionalmente por enfrentamientos entre manifestantes y policía, que se ha saldado hasta el momento con decenas de heridos leves y casi 600 detenciones.

CONDENA DE LA ONU

Incluso Naciones Unidas llegó a criticar el uso "excesivo" de la fuerza por parte de Estados Unidos contra los manifestantes, sacudidos por cañones de agua a temperaturas inferiores a los -10º.

El relator especial de la ONU sobre derecho a la libertad de asamblea y asociación pacífica, Maina Kiai, aseguró que la Guardia Nacional del estado, las fuerzas de seguridad y las compañías privadas de seguridad habían utilizado la "fuerza injustificada" en su respuesta contra los manifestantes contra este proyecto.

El relator ha mostrado su preocupación tanto por el nivel de detenciones como por las condiciones en las que se están llevando a cabo las detenciones. "Marcar gente con números, detenerlos en celdas repletas, sobre el suelo de cemento y sin ofrecerles asistencia sanitaria puede calificarse como trato degradante e inhumano", señaló.