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El Gobierno de Brasil reconoce que Temer utilizó un avión de la empresa brasileña JBS

El Gobierno de Brasil ha reconocido este miércoles que el actual presidente, Michel Temer, viajó en 2011 cuando todavía ostentaba el cargo de vicepresidente en un avión que pertenecía a la principal productora de carne del mundo, la empresa brasileña JBS.
En un comunicado, el Palacio de Planalto ha confirmado que Temer hizo un viaje particular en enero de ese año de Joesley Batista, propietario de JBS, uno de los informadores del 'caso Lava Jato' y quien aseguró que había grabado al presidente autorizando la compra del silencio del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, después de que éste entrara en prisión.
Poco antes, el diario brasileño 'O Antagonista' publicaba en exclusiva que Temer, junto a la actual primera dama, Marcela Temer, viajaron de Sao Paulo a Comandatuba el 12 de enero en un Learjet PR de la compañía de Batista. Al llegar allí dejó a su familia y regresó a Brasilia para continuar con su agenda.
En la lista de pasajeros aparecen "el señor Michel Temer y familia", así como "señor Júnior e invitados", en referencia al hermano de Joesley Batista, José Batista Júnior, que también utilizó el avión el mismo día. Días después, el avión recogió a la familia de Temer y la llevó de nuevo a Sao Paulo.
'O Antagonista' ha explicado que este uso particular de un avión de la compañía demuestra la cercanía entre el actual mandatario y Batista, una relación "íntima" que el propio presidente ha venido negando.
La nota del Palacio de Planalto, recogida por la Agencia Brasil, ha sido la respuesta a estas informaciones. Desde el Gobierno han subrayado que ese viaje existió, pero que Temer "no sabía a quién pertenecía la aeronave" y que tampoco "hizo ningún pago por el servicio".
La semana pasada, el Supremo autorizó que se sometiera a Temer a un interrogatorio de la Policía Federal, si bien le dio permiso para responder por escrito a las preguntas que le planteen los investigadores sobre su supuesta implicación en una trama de corrupción.
El magistrado ha entendido que el presidente tiene el derecho constitucional de no producir pruebas contra sí mismo, por lo que le autorizó a no responder a las cuestiones relacionadas con la grabación.