La Fiscalía concluye que Odebrecht "asumió costes" relacionados con las campañas de Santos y Zuluaga

"Todos los elementos probatorios de naturaleza testimonial y documental que a la fecha tiene en su poder la Fiscalía le permiten concluir certeramente que con relación a la campaña presidencial 2014-2018, Odebrecth asumió costos relacionados con la misma y que los dineros se pagaron desde el División de Operaciones Estructuradas de esa compañía", ha explicado la Fiscalía, en el texto recogido por el diario 'El Tiempo'.

En las misivas, con fecha del 10 de julio --aunque no han trascendido hasta este miércoles--, el Ministerio Público ha solicitado al CNE que tome una decisión para que las campañas de Santos y Zuluaga sean responsables.

El pasado mes de marzo, la Fiscalía aseguró que "Odebrecht asumió un pago a favor del publicista del orden de 1,6 millones de dólares (algo más de 1,5 de euros), correspondiente a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña 'Mano firme, corazón grande' del candidato".

Asimismo, las autoridades judiciales verificaron que la empresa brasileña firmó un contrato en febrero de 2014 con una sociedad panameña, Paddington, por valor de un millón de dólares (algo menos de un millón de euros) "para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país".

Tal y como explicó entonces en rueda de prensa el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, "esta contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente (Juan Manuel) Santos", para "viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época" con respecto al tramo 2 de la Ruta del Sol.

Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.