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La Fiscalía de México, "abierta" a dialogar con los padres de los 43 'normalistas' desaparecidos

La titular de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, Arely Gómez, ha afirmado este jueves que está totalmente "abierta" a dialogar con los familiares de los 43 'normalistas' desaparecidos hace casi dos años en el estado de Guerrero, más de un mes después de que los padres de los estudiantes abandonaran la mesa de diálogo con el organismo.
En declaraciones recogidas por el diario mexicano 'Informador', Gómez ha asegurado que la Fiscalía no ha escatimado en esfuerzos para aclarar los hechos sobre la desaparición de los estudiantes en 2014, y ha afirmado que se está trabajando "intensamente" en varias líneas de investigación para continuar con las pesquisas.
"La Procuraduría General de la República y en particular yo, la procuradora (fiscal) general, estoy totalmente abierta para platicar con los padres", ha indicado Gómez.
La fiscal ha confirmado que mantiene comunicación con los abogados de los familiares, a quienes se les va informando de "todos los hechos" que se avanzan en la investigación.
El pasado 19 de agosto, los padres de los 43 anunciaron que cesarán el diálogo con la Fiscalía General hasta que se determine la responsabilidad de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, a quien llevan meses acusando de colocar pruebas falsas en el lugar donde se encontraron bolsas con restos humanos.
CASO IGUALA
El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala, en el estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.
Tres murieron durante las primeras horas del ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.
Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno.
Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.