La Fiscalía cita como imputado al exjefe de la Guardia Nacional por "sistemáticas violaciones de DDHH"

En un comunicado, el organismo que dirige Luisa Ortega Díaz ha anunciado que el general Benavides Torres, que es actualmente el jefe del Gobierno del Distrito Capital, deberá comparecer en la sede de la Fiscalía General el próximo 6 de julio.

El general declarará a partir de las 10.00 horas antes el fiscal Oliver Uribe Pinto y deberá acudir acompañado de su abogado defensor, quien previamente "debe ser juramentado ante un tribunal de primera instancia en funciones de control del Área Metropolitana de Caracas".

En su escrito, la Fiscalía General ha señalado que hasta la fecha ha abierto "450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales". "De estos casos se han registrado 23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares", ha añadido.

El organismo que dirige Luisa Ortega Díaz, que se ha mostrado muy crítico con la actuación del Gobierno contra los manifestantes opositores, ha afirmado que "se ha evidenciado el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras situaciones".

"Es menester recordar que constituye un deber de las instituciones velar por el debido resguardo de los Derechos Humanos", ha concluido la Fiscalía General.

Ortega Díaz se había mantenido junto al 'chavismo', al que ha permanecido fiel durante años, hasta hace unos meses, cuando comenzaron las manifestaciones multitudinarias contra el presidente del país, Nicolás Maduro, por la injerencia del Gobierno en los demás poderes del Estado y la crisis económica y "humanitaria".

La fiscal general ha acusado a Maduro de vulnerar la legalidad por la brutal represión de las protestas opositoras --que ha dejado un saldo de cerca de 80 muertos--, por los juicios militares a civiles y por escudarse en el Tribunal Supremo de Justicia para anular a la Asamblea Nacional y al Ministerio Público.