El exlíder de las FARC 'Jesús Santrich' denuncia que la implementación del acuerdo de paz "es un desastre"

Asimismo, ha instado a que se ponga en libertad a los miles de exmiembros de las FARC que continúan en las cárceles del país y que no se han visto beneficiados por las amnistías ni los puntos del acuerdo, según ha recogido el diario local 'El Espectador'.

A pesar de que el Gobierno expidió un decreto-ley en diciembre que otorgaba la amnistía a los miembros de las FARC en relación a los delitos políticos, el exlíder ha vuelto a solicitar la puesta en libertad de miles de presos que siguen en las cárceles.

"Exigimos con vehemencia que sean liberados nuestros prisioneros. Lo decimos con vehemencia porque hicimos 50 años de resistencia por las reivindicaciones de nuestros pueblos", ha señalado 'Jesús Santrich'.

"En este momento, la implementación es un desastre. Si el conjunto del pueblo colombiano no toma la bandera del acuerdo de La Habana, vamos a tener una crisis profunda, un fracaso en la conquista y la búsqueda de la paz", ha añadido.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó en julio un decreto con el que otorga el beneficio de la amnistía a 3.252 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), medida adoptada casi dos semanas después de concluir el desarme por parte de la guerrilla.

A los 3.252 guerrilleros, concentrados en las zonas veredales establecidas para tal propósito, se les concedió la amnistía por vía administrativa en relación a los delitos políticos y conexos que hayan cometido, lo que eleva a 6.005 el total de exmiembros de las FARC que han obtenido este beneficio.

Por la vía judicial obtuvieron la amnistía unos 1.400 exguerrilleros, según explicó el ministro de Justicia y Derecho colombiano, Enrique Gil.

Según la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el Gobierno ha incurrido en una serie de negligencias en relación a la situación de algunos exmiembros, que permanecen en centros de reclusión.

El Congreso aprobó en diciembre la ley de amnistía e indulto, que permitía abandonar la cárcel a todos los guerrilleros condenados por delitos políticos y conexos. Los responsables de otros delitos, incluidos los crímenes internacionales, tendrán que someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la que obtendrán sanciones suaves si aportan verdad.