Ex altos cargos de las FFAA envían una carta a Santos con sus "preocupaciones" sobre el proceso de paz

La principal preocupación de los militares retirados tiene que ver con el proyecto de ley que está debatiendo el Congreso para hacer realidad la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional que se aplicará a todos los responsables --tanto guerrilleros como agentes del Estado-- de los crímenes cometidos en la contienda bélica.

Los firmantes se han referido en concreto "al tratamiento diferenciado en materia de justicia transicional para los miembros de la Fuerza Pública en situación subjudice por causa del conflicto armado" y a la necesidad de "establecer los mecanismos apropiados para garantizar el blindaje de seguridad jurídica a través de dicho acto legislativo".

"Queda pendiente aclarar lo relacionado con la aplicación preferente del Código Penal y la supresión de unos términos innecesarios e inconvenientes en lo referente a la sustentación legal de las reglas operacionales que darían lugar a interpretaciones jurídicas equivocadas en perjuicio de los inculpados", han apuntado.

"Se trata de establecer con precisión que esta normatividad operacional consignada en reglamentos, manuales y directivas, se presume de hecho estar totalmente acorde con la legalidad (...) sin el más mínimo indicio de impunidad bajo el concepto de la prevalencia del derecho interno sobre la legislación internacional", han señalado.

También han trasladado su inquietud por "la presencia en la comisión que elegirá a los magistrados de la JEP de algunas personas, particularmente extranjeros, que no ofrecen a las instituciones militares y de policía mayor garantía en cuanto a imparcialidad (...), teniendo en cuenta su reconocido perfil y posición ideológica".

"Sobre este particular es imprescindible, señor presidente, establecer los procedimientos o mecanismos adecuados que permitan supervisar en forma estricta la selección y nombramiento de los magistrados que conformaran el tribunal y los distintos organismos previstos en la JEP", han reclamado.

Otra preocupación "tiene que ver con el aplazamiento por parte del Gobierno en cuanto a otorgar un tratamiento especial diferenciado a miembros de la Fuerza Pública en materia de suspensión de la persecución penal y libertad transitoria anticipada frente a la amnistía e indultos que se otorgaran a corto plazo a integrantes de las FARC".

Al margen de las cuestiones políticas, han advertido a Santos del riesgo de que las zonas donde se han concentrado los guerrilleros para completar su paso a la vida civil se conviertan en "asentamientos con grupos no desmovilizados" que "constituirían graves amenazas" para la seguridad nacional y la integridad territorial de Colombia.

Por último, han realizado una crítica velada a Santos al pedirle que "lidere un mensaje contra la inconveniencia de señalar repetitivamente 'como enemigos de la paz'" a los detractores de los acuerdos firmados con las FARC, término que el presidente usa con frecuencia.