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La Eurocámara pide normas comunes para obligar a empresas importadoras de textiles a respetar derechos laborales

El pleno de la Eurocámara ha reclamado normas comunes para obligar a los proveedores del sector textil a garantizar que respetan los derechos de sus trabajadores y que las importaciones textiles que se venden en Europa se han producido de forma sostenible, en una resolución no vinculante aprobada por 505 votos, 49 en contra y 57 abstenciones.
Los eurodiputados piden que la Comisión Europea presente una propuesta legislativa para implantar un sistema de diligencia debida siguiendo las directrices de la OCDE, que cubra toda la cadena de distribución, similar al que ya se ha aprobado para garantizar que los minerales importados de zonas de conflicto no contribuyen a financiar los conflictos.
También reclaman que se garantice que las empresas que exportan textiles al mercado europeo con acceso preferente respetan las directrices fijadas y producen de manera sostenible y que Estados miembro incentiven los derechos laborales en sus relaciones con terceros países, así como promover un etiquetado que visibilice el "impacto social" de la producción.
El objetivo de las nuevas normas debe ser evitar tragedias como el derrumbe de la fábrica en Rana Plaza en abril de 2013 en Bangladesh en el que murieron más de mil personas.
Más del 70% de las importaciones textiles a la Unión Europea provienen de Asia, siendo China, Bangladesh, India, Vietnam, Camboya e Indonesia los primeros productores, según datos de la Organización Mundial del Comercio.
La mayoría de las empresas importadoras son marchas globales que buscan precios bajos y una producción rápida, contribuyendo así a la explotación laboral.
"No podemos cerrar los ojos si nuestras ropas se producen a costa de gran sufrimiento. Sólo normas obligatorias pueden garantizar que los productos vendidos en Europa respetan la dignidad y los derechos de millones de trabajadores", ha defendido la eurodiputada de Podemos, Lola Sánchez, responsable del texto.
La eurodiputada ha dejado claro que la UE tiene "herramientas para actuar" y piden "a la Comisión que lo haga".
"El sistema de producción actual dificulta establecer cómo y dónde se produce la ropa, es decir, trazar el origen de vuelta a su fuente y evaluar adecuadamente si han sido producidas de forma sostenible", alerta el Ejecutivo comunitario en un documento de trabajo publicado este miércoles, poniendo el ejemplo de Bangladesh, donde una reciente encuesta refleja que el 32% de 479 fábricas analizadas eran subcontratas informales y el 91% de las fábricas informales produce al menos en parte para la exportación. El 60% de las exportaciones textiles de Bangladesh se destinan a la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario admite la necesidad de atajar los desafíos persistentes en el sector textil ligados especialmente a la fragmentación del sector y prácticas como la subcontratación múltiple, incluido empresas en ocasiones no registradas, lo que se traduce una insuficiente protección laboral y normativa.
La Comisión Europea defiende el papel de la cooperación al desarrollo para implicar a los Gobiernos de terceros países para mejorar las condiciones laborales en el sector textil e incentivar a las empresas para promover la responsabilidad a lo largo de toda la cadena de valor del sector.
"La implicación del sector privado como beneficiario y socio es particularmente relevante de cara a nuevas iniciativas de la UE mayores tales como el Plan de Inversión Externa", precisa en el documento, en el que insiste en la necesidad de continuar apoyando proyectos público-privados, recabar financiación privada e instrumentos de desarrollo.
La UE espera movilizar hasta 44.000 millones de euros de aquí a 2020 para promover inversiones estratégicas en África y los países de la vecindad, que se podrían duplicar si los Estados miembros contribuyen de forma equivalente, según las estimaciones de Bruselas.
El fondo contará con una aportación de 3.350 millones de euros del presupuesto de la UE y del Fondo de Desarrollo Europeo hasta 2020, aunque el Banco Europeo de Inversiones (BEI) prestará hasta 32.300 millones gracias a la garantía europea de aquí al 2020.