El Ejército de Birmania dice que su investigación le exime de cualquier abuso en las operaciones en Rajine

En un comunicado publicado en su página en la red social Facebook, las Fuerzas Armadas birmanas han asegurado haber entrevistado a más de 3.200 residentes --entre ellos más de 2800 'bengalíes', término que usan las autoridades para referirse a los rohingyas-- y 800 testigos.

"Las conclusiones de la investigación demuestran que todos los miembros de las fuerzas de seguridad (...) eran conscientes y se ciñeron estrictamente a las órdenes (...) de los organismos superiores, especialmente las Reglas de Enfrentamiento (ROE) en conexión con el derecho a la autodefensa (...) durante conflictos armados y operaciones antiterroristas", ha indicado.

Así, ha recalcado que las tropas birmanas, con el apoyo de la Policía Fronteriza, respondieron a los ataques de los "terroristas bengalíes" del Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA), recalcando que "las fuerzas de seguridad lucharon sólo contra el ARSA y nunca dispararon contra bengalíes inocentes".

El Ejército ha afirmado que los entrevistados han dicho que "las fuerzas de seguridad no dispararon contra civiles inocentes ni cometieron actos de violencia sexual contra mujeres".

"No arrestaron, agredieron y ejecutaron a civiles. No destruyeron ni robaron propiedades. No incendiaron mezquitas en localidades bengalíes (...) No amenazaron ni forzaron a huir a civiles", ha resaltado.

En este sentido, ha indicado que fueron "terroristas bengalíes" los responsables del incendio de viviendas en las localidades de mayoría rohingya, agregando que amenazaron a los residentes para que huyeran a Bangladesh, amenazando con asesinarles "por cooperar con el Gobierno" y "traicionar al Islam".

Los resultados de la investigación del Ejército apuntan a que los "terroristas" dijeron a los residentes que "podrían tener una vida fácil con ayuda internacional en Bangladesh".

"Las multitudes de bengalíes huyeron a Bangladesh por las razones citadas", ha dicho, asegurando que hubo intentos de las autoridades para evitar que se marcharan de sus viviendas. "Se negaron y huyeron a Bangladesh, donde la población pertenece a la misma raza y religión que ellos", ha añadido.

El Ejército ha indicado además que los miembros del ARSA "han asesinado brutalmente desde octubre a los que no le apoyan", acusando al grupo de "radicalizar a otros para aplastar a aquellos de otras razas y fes".

"Pese a que cometieron atrocidades contra las minorías, llegaron a las noticias desde campamentos de refugiados en otro país acusando al Ejército de cometer un genocidio y una limpieza étnica una vez llegaron allí diplomáticos internacionales y medios de comunicación", ha denunciado.

Asimismo, ha confirmado la muerte de 376 "terroristas bengalíes del ARSA" durante sus operaciones, agregando que durante las mismas fueron detenidos 78 "terroristas bengalíes" y señalando que trece miembros de las fuerzas de seguridad murieron en los enfrentamientos.

Las Fuerzas Armadas birmanas han acusado además al ARSA de secuestrar, torturar y ejecutar a varias decenas de hindúes en localidades de mayoría budista y de secuestrar a mujeres de esta minoría para que se casaran con los milicianos, "forzándolas a llevar burqa y convertirse al Islam".

Los rohingya son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en Rajine. Son más de un millón de personas, pero el Gobierno birmano no les reconoce como ciudadanos porque considera que son descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh.

AMNISTÍA Y HRW ACUSAN A BIRMANIA DE INTENTAR ENCUBRIR SU RESPONSABILIDAD

Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han respondido al informe afirmando que el Ejército birmano está intentando encubrir su responsabilidad en los sucesos.

"Una vez más, el Ejército de Birmania está intentando barrer bajo la alfombra sus graves violaciones contra los rohingya", ha valorado el director regional de AI para sureste de Asia y Pacífico, James Gómez.

"Con más de 600.000 mujeres, hombres y niños huidos del estado de Rajine en los últimos meses temiendo por su vida, hay pruebas aplastantes de que el Ejército ha asesinado y violado a rohinyas e incendiado sus aldeas", ha recalcado.

Así, ha indicado que "tras recopilar incontables historias de horror y usando el análisis por satélite para comprobar la creciente devastación, sólo se puede llegar a una conclusión: estos ataques equivalen a crímenes contra la Humanidad".

"El Ejército de Birmania ha dejado claro que no tiene intención de garantizar la rendición de cuentas. Depende ahora de la comunidad internacional salir al paso para garantizar que estos crímenes horribles no quedan sin castigo", ha apuntado Gómez.

"El alcance total de las violaciones contra los rohingya y otras minorías étnicas no será conocido hasta que la misión de investigación de Naciones Unidas y otros observadores independientes tengan acceso sin restricciones a Birmania, y en particular al estado de Rajine", ha remachado.

Por su parte, el director de HRW para Asia, Brad Adams, ha dicho que las conclusiones del Ejército "son contrarias a las crecientes pruebas", criticando la negativa de Birmania a investigar "de forma creíble e imparcial" las denuncias sobre atrocidades contra los rohingya.

"El absurdo esfuerzo del Ejército de Birmania de absolverse a sí mismo de las atrocidades en masa subraya por qué es necesaria una investigación internacional independiente para establecer los hechos e identificar a los responsables", ha subrayado.

"Las autoridades birmanas han mostrado una vez más que no investigarán de forma creíble por su cuenta", ha manifestado, apuntando a los relatos de testigos, imágenes por satélite y otras fuentes que han apuntado a la responsabilidad de las fuerzas birmanas en los abusos en Rajine.

Así, ha insistido en que "los graves crímenes cometidos con impunidad por el Ejército son exactamente el motivo por el que se creó el Tribunal Penal Internacional (TPI)", reclamando al Consejo de Seguridad de la ONU que lleve a Birmania ante el tribunal.

"Hasta que eso pase, los países miembro de la ONU deben garantizar que tienen lugar investigaciones y que se preservan las pruebas para futuros procedimientos criminales. Si el Ejército birmano sigue operando con impunidad, es posible que veamos nuevas situaciones de violencia contra los rohingya", ha remachado Adams.