EEUU acusa a las fuerzas de Birmania de "no proteger a los civiles" en la crisis en el estado de Rajine

En su comunicado, la Presidencia estadounidense ha resaltado que entre las víctimas "figuran un gran número de miembros de la comunidad rohingya y otras minorías", expresando además su "alarma" por las informaciones sobre "abusos de los Derechos Humanos, incluidos asesinatos extrajudiciales, incendio de aldeas, masacres y violaciones por parte de las fuerzas de seguridad y civiles que actúan con el consentimiento de éstas".

"Pedimos a las autoridades de seguridad birmanas que respeten el Estado de derecho, detenga la violencia y ponga fin al desplazamiento de civiles de todas las comunidades", ha recalcado.

Asimismo, ha pedido a las fuerzas de seguridad birmanas "que trabajen con el Gobierno electo para aplicar las recomendaciones de la Comisión sobre Rajine", aplaudiendo el "compromiso del Ejecutivo con la entrega de ayuda humanitaria a las víctimas tan rápido como sea posible".

La Casa Blanca ha pedido al Gobierno "que permita el acceso a los medios de comunicación a las zonas afectadas tan pronto como sea posible", aplaudiendo además la postura de Bangladesh de acoger a la inmensa mayoría de los desplazados.

En este sentido, ha resaltado que "al menos 300.000 personas han huido de sus viviendas tras los ataques del 25 de agosto contra los puestos de las fuerzas de seguridad birmanas", reiterando su condena "a esos ataques y a la violencia subsiguiente".

Los gobiernos de Reino Unido y Suecia han reclamado este lunes una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar "el deterioro de la situación" en el estado birmano de Rajine, según han informado fuentes diplomáticas.

Este mismo, lunes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, denunciara la "brutal operación de seguridad" puesta en marcha por las autoridades birmanas contra los rohingyas y asegurara que ve en la situación "un ejemplo de libro de limpieza étnica".

En su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Al Hussein dijo que la operación de seguridad en el estado de Rajine es "claramente desproporcionada" frente a los ataques de insurgentes rohingyas registrados a finales de agosto.

El Alto Comisionado afirmó que hay más de 270.000 rohingyas que han huido a Bangladesh, con más desplazados atrapados en la frontera, entre denuncias de quema de aldeas y de asesinatos.

"CRUEL OPERACIÓN MILITAR"

"Pido al Gobierno que ponga fin a la cruel operación militar, con rendición de cuentas por todas las violaciones que han ocurrido, y que dé marcha atrás en el patrón de discriminación grave y generalizada contra la población rohingya", señaló.

Desde el 25 de agosto, más de 300.000 musulmanes rohingyas han huido del estado birmano de Rajine a Bangladesh, por la ola de violencia que comenzó con una serie de ataques de milicianos rohingyas contra las fuerzas de seguridad birmanas y una contraofensiva militar que ha dejado al menos 400 muertos.

"Hemos recibido múltiples informes e imágenes vía satélite de las fuerzas de seguridad y de milicias locales quemando aldeas rohingyas y testimonios sólido de asesinatos extrajudiciales, incluidos disparos contra civiles que huyen", afirmó el Alto Comisionado de la ONU.

Al Hussein mencionó informaciones que señalan que las autoridades birmanas han comenzado a colocar minas terrestres en la frontera con Bangladesh y que van a exigir a los refugiados que retornen "pruebas de ciudadanía".

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que los rohingyas llevan décadas despojados de sus derechos civiles y políticos, también de los derivados de la ciudadanía.

En 2016, la oficina de Al Hussein publicó un informe basado en entrevistas a rohingyas que huyeron a Bangladesh por otra operación militar birmana que, según el alto comisionado, ya "sugería" que había ataques "generalizados y sistemáticos" contra los rohingyas, llegando a alcanzar "posiblemente" la consideración de "crímenes contra la Humanidad".

Los rohingya son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en Rajine. Son más de un millón de personas, pero el Gobierno birmano no les reconoce como ciudadanos porque considera que son descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh.