Demirtas no comparecerá en la primera vista del caso contra él en Turquía, prevista para el 7 de diciembre

"Hemos informado (al tribunal) de que nuestro cliente no participará en la vista a través del sistema informático de vídeo y voz, una decisión que fue adoptada sin una razón válida", ha dicho Mahsuni Karaman.

Así, ha sostenido que este sistema "no puede usarse aleatoriamente, según la voluntad personal (del tribunal)", según ha informado el diario local 'Hurriyet'.

"El coste (de trasladar a Demirtas ante el tribunal) no puede ser considerada una razón suficiente", ha indicado, en referencia a la decisión del tribunal de no trasladar al copresidente del HDP a la capital, Ankara, para que comparezca en la vista.

La Fiscalía turca pidió a mediados de enero 142 años de cárcel para Demirtas y 83 años de prisión para la otra copresidenta del HDP, Figen Yuksegdag, por estar presuntamente vinculados con grupos terroristas.

Ambos políticos, detenidos en noviembre de 2016, han sido acusados además de incitación a la violencia, propaganda y apología del terrorismo, según las autoridades del país, que han indicado que el HDP está estrechamente relacionado con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

El HDP, por su parte, ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con el grupo y ha destacado la necesidad de reanudar las conversaciones de paz entre el Gobierno y el PKK. Durante los últimos meses, cientos de políticos kurdos han sido detenidos, entre ellos decenas de alcaldes del sureste del país.

Los parlamentarios del HDP hacen frente a una investigación bajo la legislación terrorista después de que el Parlamento aprobara poner fin a la inmunidad parlamentaria.

El partido, la tercera fuerza parlamentaria de Turquía, advirtió en mayo de que retirar la inmunidad a los diputados para poder lanzar pesquisas judiciales en su contra sólo traería "más violencia".

El HDP expresó su temor de que fueran expulsados los 59 diputados que tiene en el Parlamento, 50 de los cuales tienen un expediente abierto por difundir propaganda terrorista.

Este expediente era el primer paso para, una vez retirada la inmunidad, lanzar un proceso judicial. El Gobierno acusa al partido de mantener lazos con el PKK, al que considera un grupo terrorista.