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El Congreso peruano concluye que la ex primera dama Nadine Heredia usurpó las funciones presidenciales

La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú ha determinado este viernes que la ex primera dama Nadine Heredia usurpó las funciones que solo le correspondían a su marido, Ollanta Humala, como presidente del país, y ha recomendado que sea procesada por este y otros delitos.
El grupo parlamentario ha concluido que Heredia, a la que la oposición siempre acusó de ejercer excesiva influencia sobre el Gobierno pese a tener un cargo netamente ceremonial, cometió los delitos de usurpación de funciones, falsedad genérica y encubrimiento durante los cinco años que Humala estuvo en el poder (2011-2016).
Los diputados se han fijado en concreto en su poder sobre el primer ministro Pedro Cateriano; en sus críticas al también primer ministro César Villanueva; en el informe ambiental que solicitó al ministro de Energía y Minas Carlos Herrera sobre el proyecto de Laguna Parón; en la designación de Jorge Salazar como titular de los Juegos Panamericanos 2019; y en el viaje a Brasil que hizo junto a la ministra de Desarrollo Social Carolina Trivelli.
El presidente de la Comisión, Héctor Becerril, se ha referido específicamente al caso de Herrera porque "evidencia un mandato imperativo a un ministro de Estado por parte de una persona que no tenía ni competencia ni jerarquía por encontrarse fuera de la estructura orgánica institucional del Ejecutivo". "Su condición de primera dama solo era honorífica", ha sostenido.
En consecuencia, los legisladores han recomendado investigar a Heredia por estos delitos e indagar también en la actuación de los miembros del Ejecutivo que acataron las órdenes de la primera dama pese a que solo debían obedecer al presidente, según informa la agencia de noticias oficial ANDINA. Asimismo, han pedido investigar los depósitos de dinero en el extranjero que Heredia y Cateriano no habrían declarado al fisco peruano.
Heredia, cuyo nombre llegó a sonar para las elecciones presidenciales del año pasado, ya está siendo investigada por la Fiscalía por un delito de blanqueo de capitales, a raíz de la gestión que hizo de las cuentas del Partido Nacionalista Peruano (PNP), y por corrupción, en el marco de la trama de cobro de sobornos a cambio de obra pública que protagoniza en todo el continente la constructora brasileña Odebrecht.