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Condenado a dos años de cárcel el sacerdote español mediador entre maras en El Salvador

Condenado a dos años de cárcel el sacerdote español mediador entre maras en El SalvadorEFE

El sacerdote español Antonio Rodríguez, muy activo en la reinserción social de pandilleros pero acusado de introducir objetos no permitidos en prisiones del país centroamericano, ha sido condenado a más de dos años de cárcel, aunque podrá cumplir su condena en libertad, según ha informado la Fiscalía.

Rodríguez, miembro de la congregación pasionista, fue detenido a finales de julio por meter en dos prisiones teléfonos móviles que llegaron a manos de pandilleros, así como por su "complicidad" con el líder de una banda que habría ordenado homicidios.
Sin embargo, al padre 'Toño', como se le conoce, le ha sido finalmente conmutada la condena de dos años y seis meses a cambio de una serie de medidas que deberá cumplir, entre las que se incluye no relacionarse con pandilleros ni visitar prisiones.
"Aplicando la posibilidad de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el señor juez ha tomado a bien sustituirle la pena de prisión por el cumplimiento de medidas", ha explicado Alvaro Rodríguez, fiscal del caso, al término de la audiencia en la que fue anunciada la sentencia en contra del sacerdote.
Las medidas no implican restricciones migratorias, por lo que el padre puede cumplir la sentencia dentro o fuera del país. "Voy a descansar dos años como lo ha pedido el país", ha dicho escuetamente el sacerdote español a la prensa al salir del tribunal.
Tregue entre maras
Algunos líderes de pandillas que operan en el país, entre ellas la Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival Barrio 18, intentan mantener a flote desde marzo de 2012 una frágil tregua de no agresión para disminuir los altos índices de homicidios en el empobrecido país centroamericano.
En El Salvador el código penal prohíbe el ingreso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos a las prisiones, debido a que los pandilleros los utilizan para cometer extorsiones y ordenar asesinatos.
Las investigaciones del Fiscalía indicaron que Rodríguez habría introducido teléfonos en cárceles de las ciudades de Izalco y Cojutepeque, donde permanecen internos los líderes de la pandilla Barrio 18.