La Comisión Electoral confirma la aprobación de la Constitución con el 61,35% de votos

El proyecto constitucional, que establece que los senadores serán elegidos por las autoridades militares y mantiene la influencia de las Fuerzas Armadas en la esfera política, ha cosechado el rechazo del 38,65 por ciento de los electores. Los votos nulos han supuesto el 3,15 por ciento de los sufragios.

La Comisión Electoral ha informado de que las tres provincias del sur del país han tenido el mayor porcentaje de votos nulos, con un 7,43 por ciento en Pattani, un 7,11 por ciento en Narathiwat y un 6,54 por ciento en Yala.

En la consulta del domingo, los electores también se pronunciaron sobre si quieren que el Senado designe junto a la Cámara Baja al nuevo primer ministro, lo que de hecho implica que los senadores, elegidos por las Fuerzas Armadas, puedan impedir un nombramiento decidido por los diputados elegidos por sufragio universal.

Los principales partidos políticos y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han mostrado su rechazo a la nueva Constitución por considerar que mantiene la influencia de las Fuerzas Armadas y supedita el poder civil al militar. HRW ha denunciado este miércoles que la nueva Carta Magna "profundiza" la dictadura y que el proceso de referéndum no ha sido "justo" por la campaña de "represión" llevada a cabo por la junta contra todos aquellos que han expresado su rechazo al texto constitucional.

La nueva Carta Magna es la vigésima que tiene el país desde que las Fuerzas Armadas abolieron la monarquía absoluta en 1932. Tailandia lleva sumida en una crisis política desde 2006, cuando los militares dieron un golpe de Estado que acabó con el mandato del entonces primer ministro, Thaksin Shinawatra. En 2014, los militares volvieron a derrocar al Gobierno elegido democráticamente, poniendo fin al mandato del Pheu Thai, el partido que lidera la ex primera ministra Yingluck Shinawatra, hermana menor de Thaksin.

La junta militar, que se presenta con el nombre de Consejo Nacional para la Paz y el Orden, ha prohibido hacer campaña a favor y en contra del proyecto constitucional y ha detenido a cientos de personas por promover públicamente el rechazo a la nueva Carta Magna.

Las autoridades castrenses han dejado claro en varias ocasiones que el objetivo es que la nueva Constitución impida lo que definen como la "dictadura del Parlamento".